Cuatro georgianos aceptan de 2 a 4 años de prisión por pertenencia a una banda criminal, autora de nueve robos en viviendas
Por Redacción
Cuatro acusados de origen georgiano se sentaban este martes en el banco de acusados de la sección cuarta de la Audiencia Provincial para admitir su pertenencia a banda criminal organizada, castigándoseles con un año de prisión.
Tres de ellos, I.G; D.G y T.B. aceptaron además la pena de 3 años de prisión por ser autores de un delito continuado de robo con fuerza con la atenuante de reparación de daño causado. El cuarto, N.Q., aceptó la condena como cómplice de ese delito de robo continuado, con una pena de 1 año de privación de libertad.
La vista oral en la que los acusados mostraban su conformidad con las penas solicitadas por el Ministerio Fiscal se realizaba con la intervención de una traductora que trasladaba las palabras de la jueza a los acusados en lengua rusa, según explicaba al término de la vista.
Los acusados I.G., D.G., T.B., carecían de permiso de residencia en España y tampoco tenían antecedentes penales mientras que N.Q. sí contaba con permiso de residencia en territorio español y ya presentaba antecedentes penales no computables a efectos de reincidencias. Un quinto investigado, T.S., por estos hechos se encuentra en paradero desconocido.
Estos acusados junto a otros individuos no identificados, desde antes de principios de 2018 formaban un grupo de personas con gran movilidad geográfica que se había especializado en cometer delitos contra la propiedad en domicilios a los que, tras llevar a cabo una vigilancia, manipulaban las cerraduras de las puertas y accedían para sustraer fundamentalmente dinero y joyas.
Entre marzo y julio de 2018 cometieron nueve robos violentando domicilios de Pontevedra. Fueron detenidos en una vivienda de Cerceda (A Coruña), que era el espacio que utilizaban como residencia durante los períodos que permanecían en Galicia para cometer los robos. El grupo tenía gran movilidad geográfica. Durante el registro se les requisaron numerosas herramientas y objetos que destinaban a las sustracciones, además de 1.400 euros en efectivo que procedían de alguno de los domicilios en los que habían entrado.
La Fiscalía acepta que las penas de prisión sean sustituidas por la expulsión del territorio nacional. En el caso de I.G. y D.G. serán expulsados después de que cumplan dos años de prisión. En el caso de T.B. a partir de que sea firme la sentencia. En estos tres casos, la jueza les imponía la prohibición de regresar a España en el plazo de diez años desde la fecha de su expulsión efectiva. En concepto de responsabilidad civil deberán pagar más de 8.000 euros por el valor de las joyas sustraídas que no fueron recuperadas y que no han sido indemnizadas.
En el caso de N.Q., el Ministerio Fiscal y el abogado de la defensa aceptaron que se le conceda la suspensión de la pena de dos años de prisión, durante un plazo de tres años y con la obligación a hacer frente a la responsabilidad civil que no quede cubierta por el dinero entregado por los acusados.