A Mesa, junto a otras siete organizaciones de todo el Estado, firman un manifiesto a favor de la pluralidad lingüística
Por Oskar Viéitez & Mónica Patxot
A Mesa pola Normalización Lingüística acaba de presentar el "Manifiesto a favor de la pluralidad lingüística: libertad, igualdad, democracia", firmado junto a las organizaciones Kontseilua (País Vasco), Omnium Cultural, Ciemen e Plataforma per la Llengua (Cataluña), Acción Cultural del País Valenciá, Nogará (Aragón) e Iniciativa pel Asturianu.
En una rueda de prensa celebrada este miércoles en Pontevedra, el presidente de A Mesa Marcos Maceira y la vicepresidenta Elsa Quintas defendieron que "o dereito dos pobos e das persoas a empregaren a súa lingua é un dereito humano", en el convencimiento de que "o dereito de uso pleno é garantía de democracia, de liberdade e de progreso".
Todos estas organizaciones firmantes del manifiesto aseguran que "a diversidade lingüística, o seu recoñecemento e o seu exercicio, non son un capricho" sino que "son necesidade para vivir con dignidade colectiva nunha sociedade plural, democrática e xusta, que non admita o odio. Contra ninguén. Tampouco por motivos de lingua".
Según los datos ofrecidos por los responsables de A Mesa en el Estado español el 45% de sus ciudadanos viven en territorios con lengua propia diferente del castellano. Millones de personas que deberían poder hablar esas otras lenguas "con toda normalidade, con toda liberdade, en igualdade de condicións, nas mesmas que calquera cidadán en español, o que actualmente non é posible".
Marcos Maceira sostiene que el Estado español parte de una "tradición monolingüe" en la administración central, y debe generar "políticas activas que permitan o exercicio efectivo dos dereitos lingüísticos".
Por todo esto, estas organizaciones emplazan a todos los partidos políticos a asumir que las lenguas propias distintas del castellano deben disfrutar de los mismos derechos y deberes que se reconocen al castellano. Entre estos derechos, se encuentra en primer lugar el "deber de coñecemento".
Instan al Estado a seguir el ejemplo de las sociedades plurilingües "máis avanzadas" cómo Bélgica, Suiza o Canadá y funcionar en las diferentes lenguas independientemente de su situación física. Y nombraron el caso de las Cortes Generales, los Tribunales Constitucional, Supremo y la Audiencia Nacional u organismos como la Agencia Tributaria o la Seguridad Social.
Demandan reformas estatutarias para la oficialidad de las lenguas propias que aún no son oficiales en una parte o en la totalidad del territorio donde se hablan.
Además, según citó Elsa Quintas, reclaman que se extiendan deberes y derechos "dos que até agora só se beneficiou o castelán", como son la capacitación en lenguas propias del personal de todas las administraciones públicas, "incluída a de xustiza", su uso generalizado en las páginas oficiales y su reconocimiento a nivel internacional y paridad con el castellano. Así piden que se ponga fin a la imposición legal exclusiva del castellano en la normativa estatal, "que afecta de maneira frontal ao ámbito económico e singularmente á etiquetaxe".
Finalmente, insistieron en que "os poderes do Estado non deben de ser nunca arietes contra a promoción das línguas do estado" ni las divisiones administrativas, dentro o fuera de su territorio, "escusas para limitar os dereitos lingüísticos".