Personas con discapacidad piden accesibilidad universal en los edificios: "Queremos una casa, no una cárcel"
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
"Queremos una casa, no una cárcel". El grito resonó este miércoles en la plaza de Ourense de Pontevedra y, de forma simultánea, en 37 puntos de España, entre ellos, Santiago de Compostela, A Coruña, Muros, Boiro, As Pontes, Ourense, Lugo, Monforte de Lemos y Vigo.
Formaba parte de un acto reivindicativo de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) para demandar una mejora de la accesibilidad de todos los edificios de viviendas.
En Pontevedra la concentración la organizó la asociación Amizade, integrada en la Confederación Gallega de Personas con Discapacidad (COGAMI), para demandar que se ponga fin la una situación de discriminación que atraviesan algunas personas con discapacidad que, sin haber cometido delito alguno, no pueden salir de sus casas por falta de accesibilidad.
Varias decenas de personas secundaron la concentración, buena parte de ellas en sillas de ruedas en las que se desplazan y con las que encuentran dificultades de acceso en más del 75% de los edificios de la ciudad. La cifra es similar en todas las ciudades y motivó que este miércoles salieran a la calle para reclamar cambios.
El presidente de Amizade, Paulo Fontán, considera "lamentable" que a día de hoy solo el 25% de las personas con discapacidad tengan ciertas garantías para poder salir y entrar de su propio domicilio con cierta autonomía, a pesar de que en diciembre de 2017 se aprobó una ley que debería garantizar que todos los bienes, productos y servicios sean accesibles para todas las personas con discapacidad.
Según aseguró, "encontramos muchas personas que realmente hoy en día están condenadas a no poder salir de su casa" tanto porque las rampas de acceso a los inmuebles no cumplen con las condiciones que deberían para garantizar ese derecho como por causas "más graves" como, por ejemplo, que la comunidad de vecinos no acepta la inversión necesaria para construir un ascensor. Mismo se han dado casos de personas que tuvieron que cambiar de vivienda para poder tener cierta autonomía para dejar su casa.
Fontán reconoce que hay algunas ayudas autonómicas para garantizar estas obras de accesibilidad, pero indica que, como sucede con otras convocatorias de subvenciones, "son escasas" o están condicionadas por requisitos que muchas veces es imposible cumplir. El resultado es que la capacidad económca de los vecinos de un edificio impide que se pueda acondicionar la accesibilidad de otras personas que vivan en el mismo.
Para finalizar con esas situaciones, pusieron en marcha a campaña #Arrestópolis, en referencia a aquellos edificios donde la falta de accesibilidad obliga a personas con discapacidad a permanecer cerradas en sus propias casas en contra su voluntad. La campaña lleva por lema 'Mi casa no es mi cárcel'.