Cuando la maquinaria de la Justicia no está engrasada
Por Natalia Puga
El caso tardó más de diez años en juzgarse y con un resultado que no deja en muy buen lugar el funcionamiento del sistema judicial. Dos hombres detenidos en febrero de 2003 por estafas y falsificación no llegaron a juicio hasta este jueves. Fue en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra y aunque los dos se sentaron en el banquillo como acusados, uno de ellos salió absuelto porque, en realidad, ya había sido juzgado y condenado por esos mismos hechos en el año 2010 por la Audiencia de Madrid. El otro salió condenado con un acuerdo de conformidad, pero el retraso injustificado que sufrió la causa ha llevado al fiscal a rebajar de seis años a 16 meses la pena solicitada para él.
El acusado finalmente absuelto ha sido Pedro León A.G., que se enfrentaba a un año de prisión por los delitos de uso de documento oficial falso, uso de documento mercantil falso y estafa en grado de tentativa por un intento de fraude cometido en Coslada (Madrid). La falta de comunicación entre órganos judiciales motivó que no llegase ninguna notificación a la Audiencia de Pontevedra de que el hombre ya había sido condenado y que en la actualidad está cumpliendo condena, precisamente, por estos hechos.
La abogada defensor de este procesado indicó a los medios de comunicación antes de la entrada en la sala que su defendido tiene antecedentes por hechos similares y por delitos contra la salud pública y que en estos momentos está cumpliendo condena en una cárcel de Alicante. Fue el primer sorprendido cuando le llamaron para este juicio. La misma sorpresa que se llevó en 2010 cuando, tras siete años sin tener noticias de este caso, le llamó la Audiencia de Madrid para juzgarle. Tres años más tarde, se repitió.
Fuentes del caso han señalado que en el caso del otro procesado, Miguel Ángel García Rivas, está cumpliendo condena en Las Palmas y tuvo que ser trasladado al centro penitenciario de A Lama en los últimos días para asistir a este juicio. En su caso, la fiscal del caso modificó el escrito de conclusiones provisionales añadiendo una referencia al tiempo trancurrido desde que ocurrieron los hechos, un retraso de más de dos años "no imputable al acusado" y "sin justificación".
Miguel Ángel García Rivas está acusado de tres delitos continuados de falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y estafa que supuestamente cometió en febrero de 2003 en Marín y Coslada (Madrid) por los que se enfrentaba a seis años de prisión. Tras reconocer su culpabilidad en estos hechos, respondió con un tímido "acepto, sí" a la propuesta de un acuerdo con la Fiscalía por el que su pena quedará en 16 meses y seis meses de multa a razón de cinco euros diarios.
Este procesado está en prisión por múltiples antecedentes previos por delitos similares cometidos entre 1997 y 2003 en Barcelona y Madrid. En el caso de las condenas de Barcelona, su abogado defensor señaló que "la mayoría de los antecedentes están prescritos".
Según sostiene el fiscal y reconoció el acusado, actuó sólo o en compañía de otras personas que no han sido identificadas para planear y desarrollar un procedimiento para lucrarse ilícitamente a costa del patrimonio ajeno que consistía en la sustracción de cheques y pagarés de buzones de correos y, posteriormente, manipularlos y alterarlos cambiando el importe de los mismos, la persona beneficiaria e incluso la fecha de vencimiento.
Posteriormente, falsificaban documentos nacionales de identidad y acudían a cobrarlos a distintas entidades bancarias a través de personas que no han podido ser identificadas. Con tal método, acudió a siete entidades, seis de ellas de Marín y una de Costala y logró hacerse con más de 18.000 euros.