Los socialistas exigen el cese de Raimundo González como concejal de Hacienda
Por Oskar Viéitez
El grupo municipal del Partido Socialista ha exigido el cese del concejal Raimundo González como responsable de Hacienda, una petición a la que el edil nacionalista restó importancia calificándola de "tinadas" y recomendando a los socialistas que "é bo relaxarse".
El motivo es la prórroga del contrato del agua que aprobó el BNG hace unos días en Xunta de Goberno. El portavoz socialista, Tino Fernández, aseguró que si no se corrige a tiempo el Concello cobrará a los ciudadanos un sobrecoste en el recibo del agua.
"Aquí ou hai unha inoperancia absoluta ou hai unha conivencia absoluta coa empresa", dijo Tino Fernández en el convencimiento de que "calquera das dúas cousas inhabilita ao concelleiro de Facenda para seguir á fronte desta área", por eso el Partido Socialista propondrá en el próximo pleno la revisión inmediata con carácter de urgencia del precio de la retribución del agua que se le paga a la empresa Viaqua.
"Instamos o alcalde para que cesamento ou lle retire as competencias ao concelleiro de facenda porque está a beneficiar os intereses dunha empresa privada", declaró Tino Fernández. El grupo municipal socialista recuerda que González Carballo "será quen pilote o proceso de concesión do novo abastecemento da auga" por lo que advierte "é un tema moi grave, el alcalde tiene que tomar decisiones si no quiere verse salpicado".
EXPLICACIÓN
Según explicó en rueda de prensa Tino Fernández, en diciembre de 1997 se otorgó la concesión del contrato del agua a la empresa Aquagest (ahora Viaqua) firmándose un contrato administrativo en el que se fijan, entre otras cosas, las retribuciones que la empresa va a cobrar por el servicio. A saber, por el suministro de agua 0,28 euros y por el saneamiento 0,11 euros.
En el momento en el que adjudicó la empresa ganadora del concurso ofertó la realización de una serie de mejoras por valor de 15 millones de euros a realizar a lo largo de los 20 años de extensión del contrato, pero esa cantidad no era aportada por la empresa a fondo perdido sino que se trataba de adelantar un dinero que se amortiza con la retribución que se le paga. Es decir, una parte (0,12 euros) de esos 0,28 euros por el metro cúbico de agua y 0,11 de saneamiento (0,01 euros) se destinaban a amortizar esos 15 millones de euros en obras.
Esta variable de la amortización figura en el pliego de cláusulas como una condición que se utiliza para la revisión de los precios.
A tenor de lo que se establece en el contrato administrativo el período de amortización va de febrero de 1997 a febrero de 2017, es decir, los 20 años que dura la concesión. En consecuencia, a partir del 1 de marzo de 2017 no se puede seguir repercutiendo en el precio la parte correspondiente a la amortización, porque ya está pagada.
El problema surge cuando en la prórroga del contrato no se hace mención a esta situación ni se acuerda ajustar la retribución de la empresa a la nueva realidad rebajando el precio del agua conforme a la finalización de la amortización.
En consecuencia, según afirmó Tino Fernández, "o goberno municipal está a consentir que nos próximos bimestres de retribución da empresa sígase beneficiando á empresa cun enriquecemento absolutamente inxusto".
Según los cálculos hechos por los concejales del PSOE se le va a pagar a la empresa un sobrecoste de más de 190.000 euros por bimestre.
"A nós esta situación parécenos moi grave tanto polo que significa de cobro abusivo como de conivencia do goberno coa empresa que lle permite a propósito embolsarse unha cantidade que non lle corresponde", dijo el portavoz municipal del PSOE.
Tino Fernández indicó que esta situación ya le fue advertida en varias ocasiones al gobierno local durante el pasado mes de diciembre.
EXPLICACIÓN DEL CONCEJAL DE HACIENDA
Por su parte el concejal de Hacienda, Raimundo González, aseguró que "os cidadáns de Pontevedra poden estar convencidos de que o Concello vai facer todo o posible para que se lle pague o que corresponde á empresa e nesa liña levan traballando máis dun mes os técnicos municipais".
González Carballo explicó que el gobierno local "xa leva tempo traballando" en revisar los pliegos y jurisprudencia relativa a esta situación para "ver que solución ten esta cuestión".
Finalmente tranquilizó a sus compañeros en la corporación local indicando que "non hai absolutamente ningunha urxencia" ya que apunta que la cantidad que se le vaya a pagar de más a la empresa "de ser unha diferente podería ser compensada por parte do Concello en futuras facturas".
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