Concello y Mancomunidad de Montes, de la mano para cuidar, ordenar y explotar el monte pontevedrés
Por Alejandro Espiño
Casi el 25% del territorio del Concello de Pontevedra, unas 2.600 hectáreas, es monte comunal. Esa cifra es, según el gobierno municipal, suficientemente significativa como para ver la importancia que tiene el cuidado y mantenimiento de todas estas áreas, presentes en las quince parroquias del rural. En esa línea se mueve el convenio marco que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, firmó este viernes con la Mancomunidad de Montes de Pontevedra.
Fernández Lores destacó el compromiso que el Concello de Pontevedra ha tenido siempre con los montes del municipio, especialmente a través del Plan Monte Vivo con el que se plantaron -desde 2006- más de 400.000 árboles de especies autóctonas. Explicó que se trata de áreas que "nos dan moitas cousas", porque además de la recogida productiva de la madera y otros elementos, sirve como zona de esparcimiento para los ciudadanos.
Este convenio marco, que no está cuantificado y que tendrá continuidad con acuerdos y planes específicos para cada actuación planteada, busca afianzar la mancomunidad como un órgano de referencia para la gestión del monte, mejorar su aprovechamiento económico para convertirlo en una fuente de riqueza, trabajar en la conservación y recuperación del patrimonio natural o mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en el rural.
En este sentido, ambas partes muestran su compromiso por ordenar y mantener una red de senderos y áreas recreativas que permita a cualquier persona acceder a estas zonas. Con esto, el gobierno municipal busca "adaptar o modelo peonil" a las parroquias del rural y habilitar sendas que faciliten los desplazamientos a pie y la creación de nuevos espacios de convivencia, así como su explotación como recurso turístico.
Todo ello estará complementado con varios planes que, entre otras cuestiones, buscan proteger al monte de posibles agresiones, como vertidos incontrolados o incendios forestales.
El presidente de la mancomunidad, Juan José González Crespo, destacó que el Concello de Pontevedra es el "único de Galicia" que trabaja mano a mano con las comunidades de montes para que "todos poidan gozar do noso monte" y afirmó que la política emprendida en colaboración con el gobierno municipal recogen actuaciones necesarias para que "o monte non morra" y un paso para que estas comunidades se abran a la sociedad.
PLANTA DE COMPOSTAJE
Aunque la planta de compostaje de A Canicouva no forma parte de este convenio, este proyecto estuvo presente en la comparecencia de prensa. Ya desde que el concejal responsable del área de Montes, Demetrio Gómez Junquera, citara que una de las líneas en las que deben trabajar las comunidades de montes y el Concello de Pontevedra en un plan de aprovechamiento de la biomasa y estructurantes para dicho complejo.
Pero fue a preguntas de los periodistas cuando el presidente de la mancomunidad, Juan José González Crespo, recordó que este colectivo consensuó una declaración en la que aseguraban que el monte "non é un lugar axeitado" para una planta de estas características y que preferían un polígono industrial. Eso sí, explicó que "quedou claro" que no se posicionarán contra un acuerdo legal adoptado por una de las comunidades.
A título personal, como presidente de los comuneros de Santa María de Xeve, González Crespo quiso desvelar que su comunidad también estudió presentar una propuesta "pero non pudo ser porque non temos un terreo adecuado", aclarando que si lo tuvieran "posiblemente estivera alí". Además, se mostró partidario de que las comunidades de montes "fagan algún tipo de acordo" con respecto al uso de los restos del monte como biomasa para la planta.
Además, defendió la decisión tomada por A Canicouva pidiendo "respeto" a quienes les están "criminalizando". Recordó que la oferta fue aceptada por una asamblea "legalmente constituida" y que firmaron el acuerdo "coa información necesaria". Insistió en que la decisión adoptada "con sentidiño", aunque sí reclamó que esa transparencia sea compartida con el resto de los colectivos que se sientan afectados.
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