La falta de efectivos policiales obliga a aplazar el derribo de tres chabolas de O Vao
Por Anxo Lourido
Todo estaba previsto para que a las 9:00 horas de este martes 3 de febrero se iniciaran las obras de demolición de tres chabolas del poblado de O Vao en Poio. La empresa encargada del derribo, el arquitecto municipal y los medios de comunicación esperaban a la entrada del asentamiento la llegada de las fuerzas del orden para iniciar los trabajos. Sin embargo, quien aparecía era el alcalde de Poio, Luciano Sobral, acompañado por dos patrullas de la Policía Local para anunciar que el derribo se suspendía porque la Subdelegación del Gobierno solicitó un aplazamiento de la operación por falta de efectivos.
Según explicó Luciano Sobral, durante la tarde de este lunes 2 de febrero, el Concello de Poio recibía un comunicado del Subdelegado del Gobierno indicando que hasta el día 17 no cuentan con efectivos posibles para realizar esta intervención de seguridad en O Vao.
Ante esta situación, el alcalde de Poio indicó que van a seguir hablando con las tres familias afectadas para llegar a un acuerdo y, de esta forma, vayan vaciando sus viviendas cuanto antes para iniciar la demolición a lo largo de los próximos días. El 20 de febrero finaliza el plazo establecido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para llevar a cabo estos trabajos impuestos por una sentencia derivada de una demanda de los vecinos de la zona que entendían que los nueve derribos de chabolas en 2008 habían sido insuficientes.
Ante esta situación, el gobierno local descarta la opción de pedir una nueva prórroga pero sí trasladarán a la jueza este imprevisto provocado por la Subdelegación del Gobierno que, según el alcalde, había sido alertada el 22 de enero de esta intervención. Luciano Sobral entiende que desde la Subdelegación se pretendía trasladar a O Vao un servicio de antidisturbios como medida de precaución, tal y como sucedió en los derribos de 2008, que el regidor considera excesiva ante la "actitude positiva das familias afectadas". Se trata de un matrimonio con dos hijos menores, otro con tres hijos también menores y una pareja que se trasladarán a pisos de alquiler ya contratados por el Concello de Poio dentro de la propia parroquia de O Vao por un período de dos meses. Desde el gobierno local esperan que no se produzca ninguna reacción contraria a estos realojos temporales.
En 2008, el realojo de varias familias del poblado gitano en Monte Porreiro y Caritel (Ponte Caldelas) provocó un importante conflicto vecinal al entender que estas familias generarían problemas en el entorno relacionados con el tráfico de drogas.
En la actualidad en el asentamiento de O Vao residen 42 familias y Luciano Sobral reconoce que el poblado sigue marcado por la actividad de trapicheo de droga pero indica que "unha cousa é a delincuencia e a violencia que hai arredor da droga onde as forzas de orde pública deberían actuar contra as persoas que fan unha actividade ilícita como con calquera outro cidadán. Pero outra cousa é que as familias e os rapaces de corta que hai aquí poidan vivir nun entorno adecuado".
Y añadió que "en Galicia, a droga móvese nunhas esferas diferentes ás do Vao. Nunha redada de capos nunha hai un xitano" pero insistió en la necesidad de un aumento de la actividad policial en la zona: "debe haber un control e vixilancia do pequeno narcotráfico que hai aquí arredor e ten que haber un control con máis intensidade para castigar ás persoas ás que se lle incauten alixos de droga ou pequenos roubos".