La Fiscalía pide seis años de prisión para el hermano de Telmo Martín por tres delitos contra la Hacienda Pública
Por Oskar Viéitez & Mónica Patxot
Roberto Martín González, hermano del diputado popular y exalcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, se sentó este martes en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra acusado de tres delitos contra la Hacienda Pública por los que el fiscal solicita una pena de dos años para cada uno de ellos y tres multas de 200.000 euros por cada uno de los delitos así como el reintegro al Estado del dinero presuntamente defraudado, un total de 478.000 euros.
Roberto Martín aseguró durante el juicio que "no he estudiado ninguna carrera, ni tengo conocimientos jurídicos ni en materia fiscal", y que siempre se ha dedicado a la "intermediación en el sector inmobiliario, a las exportaciones y a la compraventa de propiedades". Por este motivo creó las sociedades Abbaco Gestión Inmobiliaria Financiera, Gestiones Empresariales Pontevedra Norte, Redison Imexcom 1991; Starnberg Business, SL; Desarrollos y Proyectos Socimar y Razamonde, SL. "cada sociedad tenía un fin diferente", dijo.
El acusado aseguró no tener ninguna propiedad "ni en España ni en ningún lugar del mundo". Vive en la casa familiar con sus padres, donde colabora económicamente "cuando puedo", apuntó.
Roberto Martín, que sólo respondió a las preguntas de su abogado, aseguró que hizo diversas operaciones comerciales, como la transmisión de la propiedad de varias fincas en Sanxenxo y dos parcelas urbanas en A Illa de Arousa.
La Fiscalía mantiene que los solares de Sanxenxo tenían un importe total de 1.184.000 euros, que habían sido adquiridas previamente por 560.000 euros. El Ministerio Público afirma que compró las dos parcelas urbanas en A Illa de Arousa por valor de 360.607 euros y las vendió varios meses después por 901.000 euros, obteniendo un beneficio de 540.000 euros.
Según sostuvo la acusación este martes, esta transacción se formalizó en un contrato privado que Martín González aportó por primera vez a la causa.
Este contrato privado fue firmado entre Martín y un hombre que hoy tendría que haber comparecido como testigo pero que no lo hizo. Un compañero de este testigo justificó su ausencia en "motivos laborales que le han obligado a salir del país" a pesar de tener conocimiento de su citación ante el juzgado.
El juez advirtió la existencia de un posible delito de obstrucción a la Justicia y programó una nueva sesión del juicio para los próximos días "esperando la comparecencia de este testigo fundamental para la causa". Por su parte la Fiscalía y el abogado del Estado, que defiende los intereses de la Agencia Tributaria, interesaron que se sancione la actitud de este testigo con una multa y que sea conducido por la fuerza pública para presentarse ante el tribunal.
El fiscal especializado en Delitos Económicos, Augusto Santaló, entiende que el acusado Roberto Martín, "aparentó la transmisión de participaciones en distintas ventas" y varias de estas empresas tras ser vaciadas de capital "pasaron a ser propiedad de ciudadanos portugueses que nunca pudieron ser localizados para comparecer en este proceso".
Todas estas sociedades, según el fiscal, "carecen de la necesaria infraestructura personal y material para poder realizar entre ellas operaciones económicas", además, los peritos aportados por el Ministerio Público argumentaron que para justificar y dar apariencia de realidad a la inexistente actividad empresarial del entramado, se emitieron facturas que no obedecían a operaciones económicas reales.