Penas mínimas para los responsables de un club de alterne que tenían a 12 mujeres en situación irregular
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Por Oskar Viéitez
La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha resuelto este martes el juicio contra dos responsables de un club de alterne con trabajadoras irregulares en O Porriño.
Los dos serán condenados a penas mínimas que no implicarán su ingreso en prisión.
Inicialmente la Fiscalía pedía para el gerente del Club Falcon Crest una pena de dos años y tres meses pero el procesado ha reconocido los hechos de los que estaba acusado lo que ha supuesto una rebaja en la condena que quedó en una pena de 6 meses de prisión y multa de 6 meses con una cuota de 10 euros, con inhabilitación especial para dedicarse a actividades de actividades de gestión y administración de locales de alterne.
La otra persona acusada era la propietaria del local que no ha reconocido los hechos por lo que la Fiscalía ha mantenido la pena solicitada inicialmente de seis meses de cárcel, multa de seis meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial por el mismo tiempo para la actividad de arrendamiento del local de su propiedad para local de alterne por el mismo tiempo.
Según recoge el escrito de Fiscalía, en octubre del año 2018 el Club Falcon Crest tuvo una inspección que detectó que estaban empleadas ejerciendo la actividad del alterne, 12 de ellas en situación irregular, sin permiso de trabajo y sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y otras cuatro sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.
En ese momento, relata el Ministerio Público, la empresa tenía dados de alta a siete trabajadores. Como consecuencia de la inspección, se incoaron varias actas de infracción.
El escrito recoge que la dueña de la propiedad lo alquiló al primer acusado "conociendo la situación de las empleadas en dicho local, así como la actividad que se explota, pese a lo cual arrendó el citado inmueble facilitando la comisión del delito".
El citado local ha estado clausurado de forma provisional desde abril de 2019 hasta julio de 2020. En la actualidad el contrato de arrendamiento se resolvió por la propiedad. La Tesorería General de la Seguridad Social dio de alta de oficio a las citadas trabajadoras abonando un importe total de 293,77 euros.