La Subdelegación del Gobierno, condenada a indemnizar a un trabajador por un accidente en su sede de Pontevedra
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Por Natalia Puga
La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra deberá pagar cerca de 260.000 euros a un técnico en telecomunicaciones que trabajaba en su sede cuando sufrió un accidente. La indemnización tiene un recargo del 30% por la falta de medidas de seguridad en su centro de trabajo.
El Juzgado de lo Social número 3 de Pontevedra condena a la Subdelegación a indemnizar a este trabajador con 160.000 euros por daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo, ocurrido en marzo 2019 cuando el técnico, de 53 años, tropezó en unas cajas de cartón apiladas en un lugar inadecuado.
Tras el tropezón, cayó y la caída le generó severas lesiones que le dejaron incapacitado. Fue dado de baja con el diagnóstico de traumatismo torácico y posteriormente diagnosticado de insuficiencia valvular mitral masiva, lo que requirió una intervención quirúrgica urgente el 12 de junio de 2019 en el Hospital Fátima de Vigo, abonada por el propio trabajador, ya que nadie se hacía cargo de la misma y era un emergencia vital.
El trabajador presentó una demanda de impugnación de alta médica, que fue desestimada, y fue dado de baja por enfermedad común. No obstante, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le reconoció la invalidez permanente total derivada de enfermedad común en marzo de 2021.
El trabajador, no conforme con la contingencia, acudió al bufete Castreje Abogados, logrando que el Juzgado de lo Social y el TSXG declararan que la invalidez derivaba de un accidente de trabajo.
Además de los daños y perjuicios, la Subdelegación le tuvo que pagar al trabajador 94.000 euros por el seguro de convenio, pues el juzgado modifica la contingencia de enfermedad común que se establecía a este trabajador por accidente de trabajo.