Proponen una sanción de 1.500 euros a una empresa que vertió pintura al río Lérez
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Por Redacción
El Concello de Pontevedra ha incoado un expediente sancionador a la empresa Acad Viaria SL, que tiene un almacén situado en la calle Leonardo Enríquez, en el entorno de Pasarón, como presunta responsable de un vertido de pintura al río Lérez el pasado 20 de enero, fecha en la que se data el informe de la Policía Local sobre el suceso.
El propio gerente de la firma reconoció, durante la investigación realizada por la Policía Local y técnicos de Aquagest, que en dicho almacén guardan "entre otras cosas" botes de pintura. Dichos recipientes "con restos de pintura y llenos de agua", estaban siendo prensados para su reciclaje, tarea que podría estar detrás del vertido al Lérez "al desprenderse el agua al ser prensados y entrar en contacto con partículas de pintura", según su propia declaración.
La pintura habría llegado al río a través de la red de pluviales, pero según el responsable de la empresa "no era pintura líquida sino partículas de polvo disueltas en el agua", restos del material que emplean para el pintado de señalizaciones viarias.
En todo caso, el gobierno municipal asegura, tal y como ratifica Augas de Galicia, que el vertido provocó "un fuerte olor a pintura o disolvente" que ocasionó una mancha de color blanco entre los puentes de Santiago y O Burgo. Se trata de un hecho calificado como falta muy grave en el reglamento de vertidos a la red municipal de saneamiento, por lo que se considera que la sanción a imponer es de 1.501 euros.
OTROS ACUERDOS DE LA XUNTA DE GOBERNO
Además, la Xunta de Goberno aprobó adjudicar a la empresa EC Casas el contrato de mantenimiento de las vías públicas en el rural, por un importe de 242.000 euros; y tomó conocimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que ratifica el precio abonado a la sociedad mercantil Consmacar, que exigía la expropiación de una parcela de 900 metros cuadrados de su propiedad en Ernesto Caballero, al tener la consideración de zona verde.
Frente a los 180.000 euros ofrecidos por el Concello de Pontevedra, una valoración respaldada por una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la empresa solicitaba de las arcas públicas 3 millones de euros, pretensión rechazada ahora por el Alto Tribunal, que desestima su recurso de casación y confirma la tasación realizada en su día, que fija un precio de 200 euros por metro cuadrado, en lugar de los 2.990 que solicitaba esta sociedad.