Vilagarcía rechaza la demanda de Porto Rey, que pide 1,6 millones de euros por una parcela
Por Redacción
El alcalde de Vilagarcía, Tomás Fole, volverá a reunir la próxima semana a todos los portavoces políticos del Concello pero esta vez con un asunto único en la orden del día: la demanda que el arquitecto Enrique Porto Rey interpuso contra el Ayuntamiento reclamando algo más de 1,6 millones de euros por la expropiación de un terreno del que dice ser dueño y que hoy es utilizado como vía de acceso a unos edificios diseñados por él mismo y sobre unos terrenos de su propiedad.
Enrique Porto Rey, natural de Vilagarcía, fue director general de Urbanismo de Madrid desde diciembre de 2003 hasta su dimisión en octubre de 2006, con anterioridad había sido asesor del Plan General de Ordenación Municipal de Vilagarcía.
La intención del gobierno de Fole Díaz es que toda la Corporación haga "frente común" ante una reclamación que considera "fuera de lugar".
Y para eso, a la reunión de la junta de portavoces acudirán tanto los arquitectos peritos que colaboran con el Ayuntamiento "en el desmontaje de la demanda de Porto Rey" como los abogados que defenderán los intereses de la administración local en la vista oral, que se celebrará en los primeros días del mes de marzo en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Tanto el gobierno local como los asesores urbanísticos y jurídicos de Ravella confían en que los tribunales concluyan por que le dé la razón a una reclamación "que no tiene sentido, puesto que el denunciante era el propietario de los terrenos y, su vez, técnico de los edificios construidos en esa parcela".
Argumenta el gobierno local que si ese vial (por el que ahora el ex director general de Urbanismo de Madrid reclama 1,6 millones de euros) no hubiese existido, "los edificios por él proyectados tampoco podrían obtener licencia urbanística ni de obras, puesto que sólo podían levantarse si daban a una vía pública".
En este proceso, el Concello y los promotores y constructores de los edificios aseguran que "siempre actuaron de buena fe", que se vio "sorprendida" cuando, por ejemplo, Porto Rey presentó demandas por el vuelo de los edificios sobre su parcela, u ocultó datos fundamentales al jurado de expropiaciones para lograr que se le valorara su propiedad (ese vial) en algo más de 200.000 euros. Curiosamente, al arquitecto no le pareció suficiente esa cantidad y presentó un nuevo recurso, reclamando más de 1,6 millones de euros.
Frente a esta forma de actuar, los técnicos del Concello sostienen que, teniendo en cuenta las servidumbres y en la necesidad de derribar la obra hecha (el vial en litigio) "el valor de la parcela sería negativo para el demandante".