La defensa de Louzán alega en la Audiencia que el delito de cohecho que le atribuyen está prescrito
Por Natalia Puga
El juicio contra el expresidente de la Deputación de Pontevedra y del PP provincial, Rafael Louzán, por un delito de cohecho impropio se celebrará en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial y previsiblemente no se demorará muchos meses.
Este martes se celebró una vista previa que acorta distancias antes del juicio y sirvió para revisar varios recursos presentados por él y los dos co acusados, su esposa, Teresa Cores Fernández, y el ex diputado del PP en la Deputación por Pazos de Borbén Severino Reguera Varela.
Ninguno de los tres investigados en esta causa acudió a la vista en la Audiencia, en la que tan sólo era necesaria la presencia de sus abogados defensores. Los tres tienen letrados diferentes, circunstancia que apuntan a que podrían seguir estrategias procesales, si bien en la sala de vistas mostraron un mismo criterio.
La vista no fue pública, pero sí ha trascendido los aspectos básicos del contenido de la misma. Los abogados presentaron recursos apelando a varias circunstancias, entre ellas, que en este proceso judicial se han vulnerado los derechos de sus clientes y que los hechos por los que serán juzgados estarían prescritos, pues se remontan al año 2008.
El fiscal del caso, el responsable de delitos económicos, Augusto Santaló, se opuso a todas las circunstancias alegadas por las defensas. En relación con la posible prescripción de los hechos, argumentó que no prescribieron porque se le atribuye un delito continuado que aún estaria cometiéndose.
Este proceso judicial por el que se sentarán en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial ante un jurado se refiere a los supuestos sobrecostes en los alquileres de tres bajos e la zona de Navia, en Vigo. El fiscal mantiene que el delito comenzó en el año 2008 y continúa a día de hoy, pues el contrato de alquiler se firmó por una década y sigue en vigor en la actualidad.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados acordó en diciembre de 2016 la apertura de juicio oral contra Rafael Louzán por un delito continuado de cohecho impropio contra Teresa Cores por cohecho impropio y contra Severino Reguera por un delito continuado de cohecho pasivo.
Tras aquel auto de apertura, en abril de 2017 el caso llegó a la Sección Cuarta de la Audiencia. Desde entonces, las partes formalizaron varios recursos, que se acaban de revisar este martes. Ahora el tribunal deberá resolver esos recursos y también dictar un auto en el que fije los hechos enjuiciables.
Louzán podrá llegar a ser condenado a una pena de un año de prisión en función del escrito de acusación presentado por la Fiscalía de Delitos Económicos, en el que añade que debe ser condenado también a la suspensión de empleo y cargo público durante dos años y tres meses. De todas formas, en la actualidad, el procesado ya ha dejado todas sus responsabilidades políticas y no ostenta cargos públicos.
Los hechos de los que se le acusa tienen su origen en el año 2008, cuando Louzán y Teresa Cores reservaron cinco locales en la calle Teixugueiras de Vigo y finalmente compraron tres por 460.122,5 euros y cedieron la compra de los otros dos a Severino Reguera y su esposa. Para realizar la entrega inicial de dinero a la empresa que les vendió los bajos, Severino Reguera les prestó 103.748,42 euros.
El fiscal, Augusto Santaló, concluye que Louzán y su esposa compraron los bajos sabiendo desde el principio que el precio de compra y la hipoteca iban a ser pagados por la empresa de una persona que también ejerce cargo político en la Deputación y en el PP y cuya proyección económica depende de Louzán.
En su opinión, se trata de un "trato de favor" de Severino Reguera a quien entonces era presidente de la Deputación y de su partido fruto de una operación de compra inmobiliaria que "se planeó entre los señores Reguera y Louzán y su esposa".
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