Extrabajadoras de Grupo Empresas Alvarez se concentran en A Coruña
Por Redacción
El colectivo de extrabajadoras del Grupo de Empresas Álvarez (GEA) que asesora la CIG se concentró este jueves delante de los juzgados de A Coruña, con motivo de la celebración de la vista previa por la demanda civil interpuesta contra Inversiones Subel (propiedad del empresario Luis Fernández Somoza) a causa de la millonaria deuda económica que la empresa tiene pendiente de abonarles.
Esta deuda responde a lo acordado en su día por la venta de parte de los terrenos que la antigua fábrica de lozas ocupaba en Cabral (Vigo).
Las exempleadas de GEA (Pontesa, Santa Clara y Royal China) mantienen el pulso movilizador de un conflicto que se prolonga desde hace casi 17 años y que ahora traen hasta A Coruña, ya que será en los juzgados de la ciudad herculina donde se dirima la demanda civil interpuesta contra Subel.
El secretario comarcal de la CIG de Pontevedra, Marcos Conde, que acompañó al colectivo de extrabajadoras, recordó que Fernández Somoza "é un dos homes máis ricos de Galicia e está nas listas dos máis ricos do Estado español, pero négase a pagar todo o acordado polos terreos que GEA ocupaba en Cabral" y que fueron vendidos para afrontar las deudas salariales que la empresa de lozas tenía con su personal cuando quebró.
Según los cálculos de la central sindical, la deuda que Inversiones Subel tiene pendiente de abonar asciende a los 2.5 millones de euros, a repartir entre un colectivo formado por más de 200 personas.
Un dinero que Somoza depositó en su día en el juzgado del social, pero que posteriormente dio orden de retirar. El problema, explica Conde, "é que nese proceso anterior contabilizáronse como pagados os cartos depositados por Subel no xulgado e que logo foron retirados. O que non pode ser é que se compute como pagado a estas traballadoras e traballadores un abono que nunca se chegou a efectivizar", subraya.
Hay que recordar que la inmobiliaria adquirió, hace ya más de una década, la parte de los terrenos que ocupaban las instalaciones de GEA en Cabral y Coruxo (Vigo).
Estas parcelas se corresponden con el 25% de los terrenos que le tocó gestionar a la CIG después de que el Grupo de Empresas Álvarez cerrase en el año 2001, sin pagar los salarios y las indemnizaciones a su personal. En aquel momento, Subel pagó una parte del valor industrial, pero a las afectadas aún les resta por percibir (según lo pactado entre ambas partes) la diferencia hasta el valor total que adquirieron los terrenos al ser recalificados y una vez que el PXOM de Vigo ya es definitivo.
Tras la vista previa celebrada hoy, la jueza encargada deberá decidir en los próximos días si abre juicio o procede al archivo del mismo, por considerar que se trata de cosa juzgada que es el posicionamiento que defiende la empresa para evitar el juicio.