Dos días de juicio para intentar aclarar qué ocurrió el día que murió Javier Fernández
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
El 26 de agosto de 2015 un bebé de dos meses quedó sin padre, una mujer se convirtió en viúda, unos padres perdieron a su hijo y fue un día trágico para toda la familia y amigos de Javier Fernández y para quienes le conocían también por su faceta más pública, la de batería del grupo vigués Los Piratas. El alcance de la desgracia nadie lo discute y todos lo lamentan, pero, dos años después, todavía no se ha podido establecer qué ocurrió realmente.
Este viernes ha sido un día clave para conseguirlo, al iniciarse el juicio contra el agente de la Guardia Civil que realizó el tiro mortal que desencadenó la fatalidad. El próximo lunes 25 de septiembre continuará y luego el juez decano de Pontevedra, Miguel Aramburu, tendrá la difícil tarea de determinar si el guardia actuó, como dice la Fiscalía, "en legítima defensa" y no es responsable de un delito o si, como sostiene la familia de la víctima, cometió un homicidio por imprudencia grave profesional.
El juicio arrancó con la declaración de Rubén Ll.A., para quien la acusación particular pide cuatro años de prisión y seis de inhabilitación y que sostuvo que disparó a Javier Fernández porque tenía arrinconado a su compañero y temió que le clavase un tenedor en la yugular y un cuchillo en a la zona del abdomen, de modo que "no me quedó otra alternativa" que disparar a la pierna, con la mala suerte de alcanzarle el abdomen. SIGUE AQUÍ LA DECLARACIÓN.
Uno de los momentos más duros fue la declaración como testigo de la viuda de Javier Fernández, Andrea Montes, que relató que su marido llevaba años diagnosticado de trastorno bipolar y llevaba una vida normal y tranquila. En nueve años de relación "no lo oí ni gritar nunca", aseguró, si bien la situación cambió diez días atrás del suceso.
Tras nacer su bebé -tenía dos meses- y por indicación del psiquiatra, redujo a la mitad la medicación para ir dejándola y empezaron los delirios. Tres o cuatro días antes ya estaba "muy fuera de la realidad" y ese día fue a peor, lo encontró "muy nervioso" y con una actitud que le "asustó", pues "nunca le había visto en ese estado".
Tras alertar a varios amigos por WhatsApp, y al llegar a la casa uno de ellos, Miguel, salió a pedir ayuda sin que le viese su marido, pues tenía miedo a que reaccionase mal. Pidió a un grupo de personas que estaba trabajando en una finca cercana que llamasen para pedir ayuda y una chica alertó con su móvil al 112 indicando que una mujer le relataba que su marido estaba muy agresivo y que su bebé seguía con él en su casa.
Todo se tramitó, según confirmaron guardias civiles y sanitarios, como un caso de violencia de género, pero la mujer aseguró que no había sido agredida, sino que solo tenía una gota de sangre en la nariz por un golpe que él le dio al bracear, no por que la hubiese golpeado. Al respecto, cabe reseñar que todos los testigos coinciden en que no presentaba más lesiones visibles que esa mancha de sangre.
Uno de los puntos más polémicos de este caso se centra en determinar la credibilidad de uno de los testigos, Pablo, un amigo del fallecido que declaró que había presenciado la intervención del guardia dentro de la casa. Según su relato, él cuando desenfundaba el arma intentó impedirlo sujetándole el brazo y diciéndole que su amigo necesitaba medicación, pero el agente le respondió "que no iba a arriesgar la vida del otro compañero" y luego disparó.
El agente acusado aseguró no haber visto a ese supuesto testigo dentro de la casa y tampoco la viuda llegó a verle, si bien desde el punto en el que se encontraba ella no se vía el interior de la vivienda. Los distintos testimonios se contradicen sobre este particular.
La cuestionada intervención del agente recibió un fuerte apoyo en la sala de vistas por parte de varios testigos. El agente que le acompañó ese día y recibió los golpes aseguró que Javier Fernández estaba muy agresivo, les amenazó de muerte y que su compañero disparó cuando él estaba siendo atacado y a punto de perder el equilibrio tras un golpe en la nariz. Él ni siquiera pudo hacer nada más que defenderse, pues "me vi en la obligación de proteger mi vida".
La Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra investigó los hechos y la actuación del ahora acusado y el responsable del informe concluyó que "no tenía otra opción que utilizar su arma" y que su actuación "entra dentro de lo que contempla el protocolo".
También un capitán de la Policía Judicial especialista en tiro aseguró que "cuando está una vida en riesgo, no se puede hacer otra cosa" y que resulta habitual que se haga un tiro apuntando a un punto -en este caso la pierna- y, en momentos como este de "tensión", el disparo se desvíe y acabe a 10 o 15 centímetros -en este caso, el abdomen-.
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Por Natalia Puga & Mónica Patxot | Creada y actualizada