El expresidente de los constructores gallegos niega ante la jueza una estafa de 1,1 millones de euros a la antigua Caixanova
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
El expresidente de la Federación Gallega de la Construcción (FGC) y dueño y fundador del grupo Indeza, Ángel Fernández Presas, ha negado este jueves el delito de estafa del que le acusa la Fiscalía de Pontevedra y por el que se enfrenta a una condena de 18 meses de prisión y el pago de una indemnización de 1.890.166,12 euros, más los intereses legales, a la entidad Abanca.
La Fiscalía le llevó a juicio ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial por presuntamente engañar a la desaparecida Caixanova -hoy Abanca- en la concesión de un crédito calificado como una operación de riesgo por valor de 1,1 millones de euros y no llegar a devolvérselo. Sin embargo, él sostiene que no lo devolvió porque no tuvo la oportunidad, pero que "desde el primer día" tuvo intención de devolverlo.
Según aseguró, ya había comunicado a todo el mundo que "cuando surgiera la primera oportunidad, lo quería pagar", pero a día de hoy todavía tiene la deuda. A preguntas de la magistrada que presidía la sala, Nélida Cid, reconoció que todavía lo adeuda y que no lo abonará a corto plazo, pues "no lo he pagado porque no tenemos dinero tampoco en este momento para pagarlo".
La entidad bancaria le concedió el crédito condicionado a una indemnización pendiente de la Conselleria de Innovación e Industria de la Xunta de Galicia en relación con el justiprecio de la expropiación de una finca. El compromiso era que devolvería la cantidad que le habían prestado en el momento en que le abonasen la indemnización, sin embargo, la Fiscalía y la acusación particular -ejercida por la entidad bancaria- sostienen que él sí cobró el dinero, pero no saldó su deuda.
Fernández Presas tan sólo quiso responder a las preguntas de la fiscal, Rosalina Carrera, y de su abogado. A ellos les explicó que había suscrito ese crédito en febrero de 2008 con fines profesionales, pero que lo había firmado a título personal y reconoció que sí cobró la indemnización pendiente, pero que en ese momento no la utilizó para devolver el crédito porque entendió que había que esperar a que la sentencia por la expropiación fuese definitiva.
El acusado declaró que en el momento en el que cobró la indemnización lo comunicó a la persona que tenía de referencia en el banco, pero la entidad sostiene que les engañó porque nunca se lo comunicó y para ello aporta la documentación de la operación, en la que no consta ningún documento oficial en el que él lo hiciese constar.
Además, aseguró que intentó hacer frente a ese crédito incluyéndolo en otro crédito sindicado que le concedieron y también vinculándolo a una operación relacionada con el aparcamiento de la plaza de abastos de Pontevedra, del que tenía la concesión. Sin embargo, en ninguno de los casos tuvo el respaldo del banco y ocho años después sigue sin pagarlo.
El abogado del acusado comenzó el juicio solicitando que el mismo se suspendiese porque el delito había prescrito, pero la fiscal se opuso asegurando que en ningún caso había una prescripción, pues la Fiscalía le acusa de una estafa simple, pero la acusación particular habla de una estafa compleja por la que reclama una pena superior a cinco años de prisión. La magistrada rechazó ya en sala esa petición de la defensa.
El juicio ha quedado visto para sentencia. Por este caso hay otra sentencia reciente de la Audiencia por la vía civil -este es penal- porque la entidad bancaria pedía que el crédito fuese elevado ya a 1,8 millones por los intereses del retraso del pago, pero el tribunal estipuló que no, que el crédito sigue siendo de 1,1 millones.