Pontevedra afronta el primer caso de un narco que apela a la justicia universal para no ser juzgado en España
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial tiene entre las manos el primer caso que se da en Pontevedra de un acusado de narcotráfico que pide no ser juzgado en España en aplicación de la reforma que recorta el principio de justicia universal, por el que la Audiencia Nacional ya ha excarcelado a varias decenas de supuestos narcotraficantes pese a recursos contrarios de la Fiscalía.
El caso sobre el que debe decidir la Audiencia de Pontevedra ha salido a la luz este martes. Estaba previsto que fuesen juzgados a lo largo de toda la semana tres supuestos narcotraficantes acusados de transportar cocaína por vía marítima camuflada en contenedores de latas de piña o merluza desde Sudamérica (Colombia y Ecuador) e introducirla en la Península a través de Marín o Lisboa.
Agentes de la Unidade de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) de Galicia y de la Agencia Tributaria detuvieron a los dos presuntos cabecillas de la red en Vigo. S.G.M y A.C.R., y a un ciudadano colombiano con residencia en Madrid, A.C.V.S., y les atribuyen haber organizado el envío de casi 56 kilos de cocaína incautada en el puerto de Lisboa oculta en un cargamento de piña en conserva.
De estos hechos hay un cuarto sospechoso que ya ha sido enjuiciado en Portugal y apelando a esa circunstancia y a la puerta que deja abierta la reforma de la justicia universal, se formuló a la Audiencia de Pontevedra una cuestión de competencia, que estos hechos no deben ser juzgados en España, sino en un tribunal luso.
La cuestión se planteó este martes al inicio del juicio en la Sección Cuarta de la Audiencia junto a otras cuestiones previas como la posible ilegalidad de las escuchas telefónicas realizadas por los investigadores a los ahora acusados. El presidente del tribunal, José Juan Barreiro Prado, decidió que la cuestión planteada tiene el suficiente calado como para no ser abordada en el momento y decidió aplazar la celebración de la vista oral y que los tres magistrados de la Sala lo analicen.
Fuentes del caso han indicado que a la hora de abordar la cuestión procesal en cuestión los magistrados se encontrarán con la dificultad de que todavía no existe jurisprudencia en el Tribunal Supremo relativa a este tipo de causas, pues las excarcelaciones ya realizadas desde la reforma de la justicia universal son resoluciones de la Audiencia Nacional recurridas por la Fiscalía sobre las que todavía no se ha posicionado el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, el acusado de origen colombiano sigue en prisión provisional por estos hechos y los otros dos procesado en libertad provisional. Los tres están imputados por un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia y simulando operaciones de comercio internacional entre empresas y el fiscal pide para cada uno 11 años de prisión y el pago de una multa de 1,8 millones de euros.
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