Pacto entre los concellos pontevedreses para "galeguizar" su relación con la justicia
Por Redacción
La Declaración de Pontevedra. Así será conocido el manifiesto que firmaron 35 ayuntamientos de la provincia, más de la mitad del total, comprometiéndose a aumentar el uso de la lengua gallega en las relaciones entre las administraciones locales y la justicia.
Esta iniciativa es un "feito histórico" en la normalización del gallego, según Carmela Silva, presidenta de la Deputación, administración que la impulsó junto con la Irmandade Xurídica Galega, la Xunta de Galicia y la Asociación de Funcionariado para la Normalización Lingüística.
El manifiesto establece como objetivo normalizar el gallego como lengua del derecho y de las relaciones y procesos en los que intervengan los ayuntamientos, así como el compromiso de que los representantes municipales (mediante asesorías propias o externalizadas) soliciten a la justicia que las resoluciones les sean notificadas en gallego.
En el texto también se recoge que, de aquí en adelante, las contrataciones de asesorías jurídicas externas por parte de los ayuntamientos deberán incluir una cláusula para que las actuaciones procesales que se realicen en nombre de cada una de las corporaciones locales firmantes de la ‘Declaración de Pontevedra’ sean en lengua gallega.
Silva ha recordado que en estos momentos la lengua gallega está aún relegada en el uso judicial por cuestiones históricas y ha defendido que "se o usamos nos lugares nos que reside o poder do pobo, trasladámoslle á cidadanía que é unha lingua que hai que defender".
"Hai que rachar con esta situación e mover os marcos da lingua, remediar as inercias do pasado e xuntar sinerxias entre todas as administracións para acadar unha maior unidade de acción na defensa do galego", ha añadido la diputada María Ortega.
Por su parte, el secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García, ha destacado que "alguén debía ter a iniciativa de fomentar o uso na xustiza e poñer o tema sobre a mesa" y ha apuntado que "poñer recomendacións do uso do galego nos pregos dos concellos para contratar asesorías non custa, non é máis caro nin vai levantar sarpulllido".
La última intervención institucional fue la del presidente de la Irmandade Xurídica Galega, Xaquín Monteagudo, que ha recordado que los ayuntamientos tienen un papel primordial frente a la resistencia de que el gallego se use en la justicia porque "boa parte dos procesos que se ventilan" son locales.
"Temos que conseguir que as asesorías internas ou externas usen o galego e dean un paso adiante", ha sostenido, asegurando que la lengua gallega no será recibida en un ambiente "hostil nin discriminatorio" ya que son muchos los profesionales que ya utilizan el gallego.
Además de la firma de este manifiesto, el acto sirvió para conmemorar el 50 aniversario del I Congreso do Dereito Galego, con la participación de la magistrada Ana Filgueira Paz, las abogadas Patricia Vilán y Ana Mosquera o el responsable de la asesoría jurídica del Concello de Pontevedra, Xavier Munaiz, municipio que ya realiza todos sus trámites jurídicos en gallego.
Todos ellos defendieron la necesidad de normalizar el gallego en el ambito jurídico y celebraron el compromiso de los entes locales por avanzar en el uso prioritario de nuestro idioma en todas sus relaciones con la administración de justicia.
La jornada cerró con el descubrimiento de una placa en los jardines laterales del Pazo Provincial en conmemoración del 50 aniversario del I Congreso do Dereito Galego y de recuerdo de la firma de la Declaración de Pontevedra en el día de hoy.
Dentro del área de Pontevedra, firmaron esta declaración los ayuntamientos de Barro, Poio, Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade, Caldas de Reis, Bueu, Meis, Puertas, Vilagarcía, Cambados, Sanxenxo, A Illa de Arousa. A ellos se sumará Cuntis, al no poder asistir el alcalde este sábado.