Un acusado de intentar matar a su ex pareja sostiene que es inocente y que fue ella quien le insultó y agredió
Por Natalia Puga
El vecino de Cangas Cándido P.P. ha sostenido este martes su inocencia de la acusación de intento de homicidio de su ex mujer por la que ha llegado a juicio y se enfrenta a ocho años de prisión. Está procesado por supuestamente haber agredido a su antigua pareja y causar daños en los frenos de su vehículo mientras tenía en vigor una orden de alejamiento. ÿl reconoce que existía esa orden de protección, pero niega que causase daños al coche y pegase a la presunta víctima. Va más allá, asegura que fue él quién recibió golpes aquel día.
Cándido P.P. Está acusado de los delitos homicidio en grado de tentativa y quebrantamiento de condena. Tras ser detenido pasó seis meses en prisión preventiva y, cuando quedó libre, el Juzgado de instrucción número 1 de Cangas dictó una orden de alejamiento que le impedía acercarse a menos de 200 metros de su ex pareja. Esta orden no está vigente en la actualidad. El juicio celebrado este martes estaba previsto para celebrarse en febrero y un día antes de aquella vista expiró la protección. La presunta víctima, María B.B., señaló que se ha pasado las dos últimas semanas "casi sin salir de casa, con miedo".
Los hechos se produjeron en la parroquia de Coiro, en Cangas, en la madrugada del 2 de julio de 2011. Según declaró en el juicio celebrado en la Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra, en aquel momento estaba en proceso de desintoxicación y la mañana previa a los hechos había acudido a tratamiento y, a continuación, tomó varias cervezas.
Según su propia versión, acudió al lugar de los hechos porque allí estaba el que había sido el domicilio conyugal, pero sin ser consciente de que estuviese incumpliendo la orden de alejamiento, pues ella ya no vivía allí. De camino se encontró con el coche que había compartido la pareja y notó que el tubo de escape estaba caliente, de modo que se detuvo para ver qué pasaba. En ese momento, según su versión, llegaron su ex pareja y un amigo de ésta y le profirieron insultos y puñetazos.
Su versión de los hechos choca frontalmente con la que sostienen la presunta víctima, los testigos y la Guardia Civil. Su ex mujer (están todavía en proceso de separación) indicó que residía cerca del que había sido el domicilio familiar y tenía el coche aparcado en una calle sin salida próxima a la casa y le llamaron unos vecinos porque estaban viendo a su ex pareja tumbado al lado de su vehículo.
Cuando llegó al lugar, no se extrañó de que estuviese allí porque "pasaba a todas horas". Se encaró con él reprochándole por qué estaba en su coche y vio que llevaba un cuchillo. ÿl empezó a insultarle y la amenazó de muerte y empezaron a forcejear hasta que un vecino les separó y lo retuvo hasta que llegó la Guardia Civil.
El vecino que lo retuvo indicó que le vio entrar por la calle y tumbarse boca arriba al lado del coche de su ex mujer, de modo que avisó a su madre para que llamase a la presunta víctima y él se quedó en la finca "espiando" y tan sólo se acercó cuando vio que el hombre empezó a agredir a la mujer "porque se estaba poniendo la cosa fea y fui a separarles". Vio que el hombre tenía un cuchillo, pero desconoce en qué momento lo arrojó a una finca cercana.
Ese cuchillo fue localizado separado en dos partes. Una tirada en una finca y otra en posesión del acusado. Los agentes de la Guardia Civil que acudieron al lugar vieron que el acusado "estaba alterado, pero con los testigos y la víctima, con nosotros fue colaborador" y que de los bajos del coche colgaban unos cables que podrían ser del sistema de frenos.
Los guardias no presenciaron ninguna amenaza en aquel lugar, pero el que lo acompañó en el coche patrulla tras su detención le contó que "el coche era de él y hacía lo que le daba la gana, por eso había cortado el cable del freno, dijo que su intención era matarle. El resto no se lo entendí porque estaba borracho".
Tras escuchar al acusado (que sólo respondió a las preguntas de su abogado), la presunta víctima y los testigos y guardias, la fiscal del caso decidió elevar a definitivas sus conclusiones iniciales y pedir para el procesado ocho años de cárcel, la prohibición de a acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante seis años, el pago de una indemnización de 30.000 euros por los daños morales causados y 95 euros por los desperfectos del vehículo. El juicio quedó visto para sentencia.