Las familias que reclaman el pago de las ayudas pendientes dan un "margen de confianza" a la alcaldesa
Por Oskar Viéitez
La alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González, se reunió este viernes con los padres que reclaman el cobro de las ayudas pendientes destinadas a las familias con hijos menores de 3 años correspondientes al año 2010, en la que les comentó las posibilidades legales existentes para ello.
Según informaron los padres a la salida del Concello la alcaldesa les hizo entrega de dos informes, uno del Secretario y otro del Interventor, en el que recomiendan diferentes vías para solucionar el problema y "como nos non entendemos de leis o que lle pedimos nesta reunión e que ela escolla a vía pola cal nos vai a pagar, e canto antes mellor".
"A súa resposta non nos deixa nada claro o que vai pasar", dijeron los afectados. "Saímos da reunion sen saber se imos cobrar e se chegásemos a cobrar, non se sabería cando".
Este grupo de padres afectados dará un margen de tiempo para que la alcaldesa resuelva, "e se non, barallaremos a posibilidade de tomar outro tipo de medidas coma as xudiciais".
Por su parte, Catalina González reiteró su compromiso de buscar una fórmula jurídica que permita a la Administración local abonar las ayudas pendientes.
Según explicó la regidora el informe de la Secretaría del Concello de Sanxenxo apunta a que las resoluciones mediante las que se otorgaron estas ayudas deben anularse al tener un carácter discrecional y no llevar asociada cuantía presupuestaria y remitir esta decisión al Consello Consultivo de Galicia.
Por su parte, el documento de fiscalización de la Intervención General confirma también la necesidad de dejar sin efecto esas resoluciones pero plantea la posibilidad de habilitar una partida en el presupuesto de 2015 reflejando nominativamente la ayuda a cada una de las familias.
Tal y como señaló la alcaldesa, para ello el equipo de gobierno deberá reajustar las cuentas asignadas a las distintas concejalías adscritas a Terra de Sanxenxo con las que se sufragan los demás programas que desarrolla el organismo autónomo para poder liberar los cerca de 80.000 euros necesarios y que fueron destinados, tal y como recoge el Interventor en su informe, a la contratación de personal para el servicio de ayuda a domicilio y atención a dependientes.