Aseguran durante el juicio por prevaricación que el alcalde de Agolada estaba "obsesionado" con cerrar una empresa del municipio
Por Oskar Viéitez
El alcalde de Agolada, Luis Calvo, se ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados de la sección cuarta de la Audiencia de Pontevedra acusado de los delitos de prevaricación y falsedad en documento oficial por el precintado de la ampliación de la depuradora de la empresa local Lácteos Farelo, hechos que se remontan a finales de 2019.
La fiscal pide que Luis Calvo sea condenado a un total de 14 años y nueve meses de inhabilitación para el ejercicio de empleo o cargo público, así como una pena de tres años y nueve meses de prisión por falsedad en el documento oficial, junto con el pago de una multa de 12 meses con una cuota diaria de 15 euros.
La acusación particular, que ejerce el abogado de Lácteos Farelo, reclama una indemnización de 300.000 euros por daños y perjuicios y eleva la petición a cinco años de prisión y una multa 20 meses a 20 euros diarios por el delito de falsedad documental y 5 años de inhabilitación y 10 años de inhabilitación por el de prevaricación.
Varios de los testigos han asegurado hoy durante la vista oral que el regidor estaba "obsesionado" con cerrar esta empresa.
El alcalde de Agolada, del Partido Anticorrupción y Justicia (PAyJ), ha defendido la legalidad de su actuación que tuvo lugar en noviembre del año 2019 cuando dictó un decreto para ordenar la paralización de las obras que se realizaban sin autorización autonómica ni licencia municipal.
Luis Calvo ha asegurado que el 20 de enero de 2020 se celebró una "comisión de gobierno extraordinaria" que aprobó precintar la depuradora, una tesis que avalaron dos de sus concejales de gobierno, aunque admitieron que ese órgano "no existía" y que se trató de una "reunión informal" a la que "no asistieron ni el secretario, ni la intervención, ni hubo votación alguna".
La fiscal advirtió que las declaraciones de estos concejales contradicen lo que ellos mismos relataron en fase de instrucción de este caso hace dos años, algo que justificaron porque "aquel día no me acordaba".
Sin embargo uno de sus concejales rechazó esta versión de los hechos de sus compañeros y también aludió a la "obsesión" de Luis Calvo con esta empresa. También añadió que otro miembro del gobierno local le advirtió de que, respecto a este caso, "tenemos que declarar esto", algo que él no quiso hacer y que motivó que dejase la política municipal.
La secretaria personal del alcalde, un cargo de confianza, declaró que aquella mañana del 20 de enero de 2020 en el despacho de la Alcaldía no hubo ninguna reunión y que Luis Calvo le dictó a ella el decreto y "él mismo lo cogió de la impresora y lo llevó al registro" y que también escuchó al regidor manifestar "que iba a hacer todo lo que fuera para cerrar Lácteos Farelo", una afirmación que también escucharon en distintas ocasiones un agente de la Policía Local y el arquitecto municipal.
El secretario municipal del Concello de Agolada fue contundente en su declaración y aseguró que "fue todo un despropósito" y que, tras conocer los hechos al día siguiente, "intenté convencerle de que no era legal y que podía tener consecuencias penales" ya que "no había nada que justificase una medida tan drástica" como el precinto de la obra, pero que el alcalde "estaba obsesionado" con esta empresa.
"El alcalde dijo delante de mí que no le importaban las consecuencias penales de la decisión", declaró el secretario municipal de Agolada. "No fue prudente ni proporcional la medida de precinto", añadió este funcionario de la administración local con habilitación nacional.
La Fiscalía sostiene que el alcalde "con la finalidad de parar la actividad de la empresa", realizó el precinto y confeccionó el documento, "prescindiendo absolutamente de todo trámite procedimental" y que "con el propósito de alterar la realidad y dotarla de una apariencia de autenticidad" elaboró y firmó un informe en el que hacía constar que la "comisión de gobierno" había ordenado precintar la depuradora y, a continuación, envió una comunicación firmada por él desde el correo electrónico de la Alcaldía a la empresa propietaria de la depuradora, en la que le notificó el precinto del recinto "siendo plenamente consciente" de que el correo electrónico "no constituía" un medio válido de comunicación.