"Lo que era objetivo es que había vecinos que soportaban las consecuencias del modo de relacionarse que tenían en aquel momento grupos de jóvenes que establecían esa convivencia en el Campillo bebiendo o no bebidas alcóholicas. Lo que tenía claro es que esos vecinos tenían derecho a vivir con dignidad".
Es la máxima de la que parte Guillerme Vázquez, concejal de Seguridad Ciudadana en Pontevedra hace diez años y quien asumió la responsabilidad en aquel momento de erradicar el "problema de convivencia" que existía en el centro histórico: el botellón.
Se desplazaron a otras ciudades, se estudiaron normativas que se habían hecho fuera y "optamos por la única solución posible y razonable, como ha demostrado la realidad: hacer una ordenanza y aplicarla", añade. Una decisión que no estuvo exenta de oposición y que no vino precisamente por parte de los jóvenes.
"Llevábamos años sufriendo la situación y al tiempo intentando concienciar a los padres, ofreciendo alternativas de ocio... pero no había forma de solucionarlo. Finalmente conseguimos con el Concello una colaboración, y aunque fue complicado conseguir el acuerdo de todos los partidos, pienso que los vecinos hicimos una importante labor", apunta la parte "sufridora" de aquel momento, Pilar Señoráns, presidenta de la Asociación de Vecinos Santa María.
La decisión política vino acompañada del respaldo policial, no de carácter represivo, sino preventivo e informativo. Desde esta perspectiva aporta la experiencia el jefe de la Policía Local, Daniel Macenlle: "Llegamos a meter patrullas a pie en el Campillo. Aquello asustaba un poco, no sabíamos cómo iban a reaccionar. Lo que teníamos claro es que no era una reunión de delincuentes, sino de chavales normales. Les explicamos lo que hacíamos allí con dos finalidades, evitar peleas y las agresiones al patrimonio".
Con la normativa en vigor y el paso del tiempo se ha evidenciando que la conflictividad ha quedado en cifras ínfimas, que los vecinos pueden descansar, que han recuperado esos lugares del centro histórico, y que con el espacio habilitado en el Recinto Ferial,- denominado popularmente "botellódromo"-, la congregación de grupos de jóvenes también se ha reducido ostensiblemente.
"En los diez años que han pasado no se han alcanzado las cien denuncias por incumplir esta norma", resume de forma ilustrativa Macenlle.