Charo Lorenzo y Gómez Rivera se sentarán en el banquillo en junio por los despidos de la Cámara
Por Natalia Puga
El expresidente de la ya desaparecida Cámara de Comercio de Pontevedra Antonio Gómez Rivera y la exsecretaria en su misma etapa, Charo Lorenzo Pontevedra, se sentarán en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra entre los días 5 y 8 de junio enfrentándose a una condena de un año y seis meses de prisión por un delito contra la Administración de Justicia en concurso con otro de prevaricación administrativa por su papel en el despido de tres trabajadores que poco antes habían denunciado irregularidades en el funcionamiento de la entidad.
El juzgado ha reservado cuatro días para la sesión en atención a la cantidad de pruebas que deberán practicarse durante la vista oral, en especial testigos de ambas partes, y a la complejidad probatoria de parte de los hechos que se le atribuyen.
Además del año y medio de prisión, el fiscal pide que sean condenados al pago de una multa de 10 meses a 10 euros diarios y ocho años de inhabilitación especial para los cargos que ambos ejercían, y de los que ahora ya están apartados. Como indemnización y en concepto de daño moral, pide que los dos, de forma conjunta y solidaria, deberán abonar 3.000 euros a cada uno de los empleados despedidos.
Será el primer juicio para Gómez Rivera, pero el segundo ya para Charo Lorenzo, que ya fue juzgada y condenada con su conformidad por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y cohecho que dieron lugar a este nuevo procedimiento. Al respecto, el fiscal del caso, Juan Carlos Aladro, considera que despidieron a tres de los cuatro trabajadores de la Cámara que denunciaron ante la Fiscalía las prácticas presuntamente irregulares en la oficina de este ente en Brasil por las que finalmente fue condenada la exsecretaria y que lo hicieron por represalias.
A partir de la denuncia de los trabajadores ante la Fiscalía, el fiscal considera que Lorenzo, en su condición de jefa de personal, y Gómez Rivera, como presidente en funciones, llevaron a cabo una serie de actuaciones en respuesta a la denuncia presentada y "movidos por la intención de causar un perjuicio a quienes la habían presentado"..
Estas acciones concluyeron con el despido acordado por unanimidad por el comité ejecutivo, de tres de los empleados denunciantes, pero no del cuarto denunciante por ser delegado de personal. En su despido, el fiscal considera que fue "decisiva la participación" de Charo Lorenzo, quien como denunciada principal por las actividades de la oficina de Brasill, "procedió a realizar cuantas actividades fueran necesarias para propiciar la resolución finalmente acordada".
El origen del caso debe situarse en un estudio que el Consello de Cámaras Galegas encargó a la consultora Deloitte sobre el plan estratégico y de viabilidad y fue presentado en septiembre de 2012 proponiendo un organigrama para la entidad en el que desaparecían tres figuras: la vicesecretaría, el responsable de creación de empresas u administrativo de contabilidad. El comité ejecutivo, a la vista de ese informe, solicitó uno nuevo que concretase una propuesta de organización adecuada a las nuevas circunstancias para el ejercicio de 2013.
Ese nuevo documento propone una externalización de los servicios de comunicación y asesoría jurídica y una reducción del personal dedicado a la actividad de administración. En diciembre de 2012, el Comité ejecutivo aprueba prescindir de la figura de la Vicesecretaría general y proponer al Pleno el cese de su responsable. Cuarto días después, en la reunión del Pleno de la Cámarase se acepta ese cese. Dos semanas después, hubo un nuevo comité ejecutivo de la Cámara que acordó por unanimidad la extinción de los contratos de los otros dos empleados.
Las decisiones se adoptaron en el comité ejecutivo, pero el fiscal sostiene que no consta que los vocales tuvieran conocimiento preciso de las reales intenciones de los ahora acusados.
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