Aseguran que el Arzobispado conoce "desde hace meses" la conducta "irregular" del párroco de Lérez
Por Redacción
La conducta del sacerdote de Lérez, que saltó a la luz este fin de semana al negarse a oficiar un entierro en la parroquia si no se le pagaban sus servicios en efectivo y sin factura, es algo que el Arzobispado de Santiago de Compostela "conoce desde hace meses". Así lo asegura la empresa Alianza y Barros, que desveló este lunes que puso en conocimiento los hechos en un escrito remitido al arzobispo Julián Barrio el pasado 10 de diciembre.
Al margen de las denuncias expresas que puedan haber cursado otras empresas del sector, Alianza y Barros asegura que el cura mantenía que, dado que estaba jubilado y cobraba una pensión no quería que quedara "ningún rastro" del dinero a percibir por su trabajo. Insistía en cobrar en metálico, negándose a que se hiciera mediante transferencia bancaria y avisaba de que "no emitiría ningún tipo de justificante válido".
Según la compañía funeraria, el párroco amenazaba además con acudir a los particulares "para conseguir de ellos el dinero en metálico", dado que ellos no le pedían justificante, "presionándolos con la amenaza de no atender los servicios solicitados" o con disminuir la calidad de sus servicios en relación a aquellos otros que sí le abonaban otras empresas en efectivo.
Días más tarde, concretamente el 22 de diciembre, el gerente de Alianza y Barros volvió a dirigirse al arzobispo en relación con este párroco y su negativa a concretar el día para la celebración de una misa en memoria de la difunta esposa de un feligrés a los seis meses de su fallecimiento.
El cura alegaba que no se le habían abonado los funerales de este óbito -valorados en 195 euros-, cuando en realidad lo que estaba ocurriendo era que se negaba a que el pago se realizara por medios bancarios o mediante la entrega de un talón, dado que su pretensión era cobrar de una manera totalmente opaca a la Agencia Tributaria.
La funeraria Alianza y Barros fue una de las empresas del sector que suscribió en junio de 2014 un escrito dirigido al arzobispo metropolitano de Santiago denunciando este tipo de prácticas. Insisten en que el Arzobispado debe tomar las medidas oportunas para que "sin más dilación", dé instruccións "oportunas, claras e inequívocas" para que cesen este tipo de comportamientos "presuntamente contrarios al ordenamiento legal vigente".