Los Miguelianos fracasan en el intento de suspender el juicio, que sigue mañana con gran expectación mediática
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Los abogados defensores del conocido como caso de los Miguelianos, iniciado en el año 2014 por las presuntas irregularidades en la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, ex asociación pública de fieles ahora disuelta por la Iglesia, fracasaron en su intento de suspender el juicio que se inició este miércoles en la Audiencia Provincial de Pontevedra. Tras una primera sesión del juicio dedicada a plantear múltiples cuestiones previas, las magistradas de la Sección Cuarta confirmaron que la vista sigue adelante y que continuará este jueves con las declaraciones de los acusados.
La primera sesión del juicio se celebró en la Audiencia entre gran expectación mediática y con la atención centrada en Feliciano Miguel Rosendo da Silva, supuesto líder y fundador de la Orden y Mandato, que el próximo mes de diciembre cumplirá cuatro años de prisión preventiva y este miércoles volvió a verse en público por primera vez en mucho tiempo. Llegó desde la prisión coruñesa de Teixeiro en la que ha pasado los últimos años visiblemente envejecido y, al término de las más de cuatro horas de sesión, volvió a abandonar el edificio judicial, ya con destino al penal pontevedrés de A Lama.
La sesión sirvió para que las partes reiterasen peticiones realizada ya con anterioridad y también para solicitudes nuevas como la petición de la defensa de uno de los procesados, Juan Carlos A.M., a quien el fiscal pide dos años de prisión por un delito de asociación ilícita, para suspender el juicio y permitirle que pasase los últimos días de vida de su padre con él, pues está moribundo. En caso de no suspenderse, pidió ausentarse en el máximo número de sesiones posibles para acompañar la agonía de su progenitor. El tribunal lo aceptó y tan solo deberá estar en la sala durante su declaración.
Las defensas pedían la suspensión basándose en varias cuestiones. Varios abogados de los procesados, entre ellos los de Feliciano Miguel y las consagradas de Orden y Mandato Iria Quiñones e Ivana Lima, reclamaban que no empezase la vista hasta que se entregue y se analice la información de los ordenadores incautados por la Guardia Civil a la asociación, pues creen que en ese material informático hay datos claves del día a día del colectivo, horas y horas de audios y vídeos que desmontarían la acusación de que son una asociación ilícita y de prácticas que les atribuyen como abusos, agresiones o coacciones.
Esa prueba fue admitida ya en su día por la Audiencia, pero sostienen que la prueba no se ha podido practicar aún en su totalidad porque solo les dieron un día para el volcado de la información, el pasado 28 de agosto. El fiscal y la acusación particular aseguraron que ese volcado no se completó porque ellos no quisieron seguir otro día más con el proceso, no por causas atribuibles a la Audiencia y, tras salir a deliberar sobre todas las cuestiones previas planteadas, el tribunal falló que esa prueba ya se ha admitido y cortó sus demandas.
Otros motivos para la suspensión son que se produjeron, según las defensas, varias vulneraciones de sus derechos fundamentales, como el del derecho a la legítima defensa, pero sobre todas esas cuestiones las tres magistradas del tribunal decidieron que fallarán en sentencia y que no cabe suspender el juicio por ese motivo.
El tribunal deliberó durante más de media hora y decidió admitir una prueba documental nueva pedida por el fiscal y pruebas testificales nuevas reclamadas por las defensas y también seguir adelante con una reclamación de mayor calado de los abogados defensores que sí afectará a la forma en que seguirá el juicio, pues a partir de ahora se reducirá el número de acusados que se sentarán en el banquillo.
Las defensas sostenían que la acusación particular que ejerce la abogada Ana Reguera no está legitimada para seguir adelante con este rol procesal, pero finalmente tan solo consiguieron en parte su intento de apartarla del procedimiento. La magistrada presidenta del tribunal, Nélida Cid, anunció que dictaría un auto comunicándole que no está legitimada para seguir con la acusación por el delito de blanqueo de capitales, pero sí con el resto de infracciones penales sobre las que formula acusación.
Esta decisión implicará que los acusados sentados en el banquillo de los tribunales se reduzcan de diez a siete, dejando de estar acusados la mujer y los dos hijos de Feliciano Miguel, pues tan sólo les acusaba la acusación particular por el delito de blanqueo de capitales, y no estaban acusados por la Fiscalía.
La causa, iniciada contra una asociación de la que los ex adeptos aseguraban que era una 'secta' en la que se producían abusos sexuales y psicológicos y su líder mantenía contactos carnales con las consagradas "para purificarlas", se desinfló a lo largo de la instrucción judicial y finalmente no existe ninguna acusación sobre la naturaleza de la asociación, pero sí sobre el resto de prácticas que se seguían en ella y sobre el hecho de que era asociación ilícita.
A Feliciano Miguel la Fiscalía le pide 66 años de prisión por un delito de asociación ilícita, doce contra la integridad moral, cinco de coacciones y tres contra la libertad sexual y la acusación particular eleva la condena a 85 años por 28 delitos: nueve de coacciones por persuasión coercitiva, nueve de lesiones psíquicas, cinco continuados contra la integridad moral, uno contra los derechos de los trabajadores, dos delitos continuados de agresión sexual, uno de estafa o apropiación indebida continuadas y uno de blanqueo de capitales. Este último desaparecería.
La Fiscalía tan sólo acusa a siete personas, Rosendo da Silva y otros seis a los que atribuye un delito de asociación ilícita por haber colaborado con él y para los que pide dos años de prisión por cabeza. La acusación particular, sin embargo, eleva la acusación a diez, si bien quedarán también en siete ante la inminente retirada de los cargos por blanqueo.
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