Un policía acusado de dar soplos a clubes de alterne y vender droga niega los hechos doce años después
Por Natalia Puga & Mónica Patxot
Trece personas han reconocido este martes ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Pontevedra que doce años atrás, en los años 2006 y 2007, pertenecían a seis grupos diferentes dedicados al tráfico de drogas en Pontevedra capital, O Grove, Ribadumia-Meis y el sur de la provincia y Portugal. Todos ellos se sentaron en el banquillo de los acusados junto a otro procesado, el ex agente de la Policía Nacional Lucas Rodríguez Pazos, que negó toda implicación con los hechos que le atribuían.
Todo ocurrió en el transcurso de un juicio que el presidente de la Sección Segunda de Pontevedra, Xosé Xoán Barreiro, da por concluido en relación con los trece acusados que reconocieron los hechos y que el próximo otoño, previsiblemente en el mes de octubre, se retomará para juzgar a Lucas Rodriguez.
Los otros trece acusados respondieron al magistrado que reconocían los delitos que se le atribuyen y que incluyen tráfico de drogas, tenencia de armas
prohibidas, atentado y revelación de información reservada. Sin embargo, Lucas Rodríguez se negó a reconocer los hechos y suscribir el acuerdo de conformidad que le ofreció la Fiscalía a todos los procesados.
Esa conformidad supuso una reducción sustancial de las penas teniendo en cuenta, fundameltamente, las "dilaciones indebidas y extraordinarias" que se produjeron en este procedimiento judicial y retrasaron hasta este martes un juicio por delitos cometidos hace ya más de una década.
Al respecto, ya en su escrito de acusación inicial la Fiscalía insiste en que la causa "ha permanecido paralizada durante largos períodos de tiempo" por causas "imputables sólo a la Administración de Justicia", ajenas a los acusados y en ningún caso necesarias para la instrucción. Insiste también en que el procedimiento tiene un "extraordinario volumen" fruto de la acumulación de cinco actividades de tráfico de drogas diferentes entre sí y sin ninguna vinculación o relación entre ellas.
Tras ese escrito, la fiscal llegó a un acuerdo con 10 de los acusados y este martes, ya antes del juicio, cerró acuerdo con otros tres, quedando solo fuera Lucas, para quien pide dos años y nueve meses de prisión y multa de 21.000 euros por un delito contra la salud pública en su modalidad de posesión preordenada al tráfico de sustancias y 5.040 euros de multa (14 meses a razón de 12 euros día) por un delto contra la Administración pública por revelación de información reservada. El acusado está jubilado ya, pero la condena incluye inhabilitación especial para el empleo como Policía Nacional durante año y medio.
El escrito de acusación de la Fiscalía cuyo relato niega Lucas Rodríguez recoge que se le intervinieron los dos teléfonos que utilizaba habitualmente y se concluyó que "simultaneaba su actividad profesional como Policía Nacional con su dedicación a distribuir cocaína a pequeña escala entre los regentes de los clubs de alterne de Pontevedra y entre las prostitutas que en ellos trabajaban".
Además, el policía ahora jubilado, que en 2007 tenía 31 años de servicio y estaba destinado en la Comisaria de Pontevedra difundió en reiteradas ocasiones entre sus amigos, los regentes de los clubs de alterne de Pontevedra, información confidencial y secreta que conocía por razón de su empleo, avisándoles de las inspecciones y redadas que realizarían sus compañeros de extranjería, al verles salir para realizar dicho servicio desde la oficina de denuncias en la que está destinado. De esta forma, les permitía eludir cualquier control policial de la legalidad de su situación en España.
El resto de los acusados alcanzaron acuerdos con la fiscal que implican penas de entre nueve meses y un año y medio de cárcel y multas de hasta 6.000 euros.