Los sindicatos de justicia sitúan el seguimiento de la huelga en un 95%, la Xunta lo rebaja a la mitad
Por Oskar Viéitez & Mónica Patxot
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Las siete centrales sindicales convocantes de la huelga indefinida en la administración de justicia han situado en un 95% el seguimiento de la segunda jornada de paro, "más que ayer".
El comité de huelga apunta que en el conjunto de las sedes judiciales de la ciudad del Lérez se han tenido que suspender 46 juicios y tres videoconferencias, que son juicios que se están celebrando en otras localidades.
Los servicios mínimos se están cumpliendo "a rajatabla", aseguran.
A través de un comunicado, la Xunta de Galicia rebaja esta incidencia en Pontevedra al 48,91% y lamenta los "incidentes" registrados en el edificio de A Parda en Pontevedra donde se obstaculizó el servicio del Registro Civil. Los sindicatos ya adelantaron que lo volverán a colapsar este viernes 9 y también el martes 13.
La Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ha confirmado que los servicios mínimos "se están cumpliendo en su totalidad" y que en toda Galicia participan en el paro 1.137 trabajadores de un total de 2.700 empleados públicos del sector judicial autonómico que la secundan.
Durante esta jornada los sindicatos han colapsado el Registro Civil y colgaron durante unos minutos una pancarta reivindicativa en el balcón principal del Pazo de Xustiza, sede de la Audiencia Provincial.
Los sindicatos acusaron a la Xunta de "incendiar la huelga" y advirtieron que "los trabajadores están muy indignados y esto va para largo si no nos llaman con ofertas serias".
La Xunta califica de "absolutamente inasumible" el aumento salarial del complemento transitorio que demanda el comité de huelga y que cifra "en unos 3.000 euros al año" por trabajador público es para las arcas públicas gallegas. La consellería de Alfonso Rueda insiste en que la propuesta autonómica sitúa las retribuciones de los funcionarios judiciales de la comunidad "por encima de la media".
En concreto, la Xunta plantea un incremento a partir del 1 de enero de 2019 que se aplicaría en tres anualidades consistente en 75 euros al mes (900 euros al año) para los gestores; 62 euros al mes (744 al año) para los tramitadores; y 55 euros al mes (660 al año) para los auxilios.
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