Los taxistas pontevedreses secundan la huelga y se concentran contra los VTC
Por Mónica Patxot & Anxo Lourido
La última sentencia del Tribunal Supremo respaldando la concesión de 80 nuevas licencias a las empresas de VTC (vehículos turismo de alquiler con conductor) ha provocado que este miércoles se convocara en toda España la huelga de los taxistas, que se ven perjudicados por estas decisiones.
Temen la concesión de más licencias y además alegan que no se está cumpliendo la ratio actual impuesta por ley de un VTC por cada 30 taxis, así lo manifestaba José Crespo, presidente de la Asociación Provincial de Taxistas de Pontevedra.
Por este motivo, durante este miércoles los 90 taxistas del municipio de Pontevedra se sumaron a esta huelga seguida mayoritariamente por el sector, que cuenta con 1.500 licencias en la provincia y 4.000 en toda Galicia. En la capital se concentraron con sus vehículos entre las 11.00 y las 13.00 horas en la Plaza de España.
José Crespo afirma que en la provincia de Pontevedra se nota menos la presencia de las empresas que realizan servicios VTC, a diferencia de lo que ya sucede en ciudades como Santiago de Compostela y A Coruña. Sin embargo, creen que están realizando mucho daño a los profesionales del taxi. "Trabajan por horas. No cotizan a la seguridad social como nosotros", alega el representante de los taxistas.
Quieren que se apliquen a esos conductores las mismas obligaciones a las que se tienen que enfrentar los taxistas. Y reclaman que sean contratados en las oficinas de esas empresas, como Uber y Cabify, con dos horas de antelación al servicio y que establezcan las tarifas. Denuncian que estas nuevas empresas han contratado a conductores de autobuses para realizar estos trabajos.
Crespo afirma que los taxistas trabajan más de medio año para hacer frente a los impuestos y a los gastos que conlleva su servicio. Y asegura que, ante la situación actual, un taxista tiene que ampliar su jornada dos o tres horas más diarias para poder compensar la competencia de los VTC y llegan a perder hasta 400 euros mensuales. Por eso reclaman al gobierno central que ejerza la misma presión fiscal a las empresas de vehículos con conductor.