UGT pide a los concellos que no autoricen veladores a los locales con denuncias laborales
Por Redacción
El sindicato UGT pide a los concellos y a la Deputación que adopten una postura más contundente con aquellas empresas del sector turístico que tengan denuncias por incumplimiento de contrato laboral. Los representantes de UGT, José Ramón Vidal y Carlos Esperón, manifestaron que se han incrementado las contrataciones durante este verano en empresas de hostelería y, en general, en el sector terciario, pero también han aumentado las irregularidades en los pagos.
Ante esta situación, desde el sindicato se reclama que los concellos no autoricen veladores o dejen de conceder beneficios a aquellos establecimientos en los que existan denuncias. Entienden que todas las administraciones deben actuar para evitar una situación de competencia desleal que se está registrando en el sector, según Vidal y Esperón, ya que coinciden establecimientos que no realizan contrataciones correctas con otros que sí.
José Ramón Vidal indicó que habían mantenido a principios del verano un encuentro con el jefe de la Inspección de Trabajo en Pontevedra para trasladarle la preocupación por este tema. Desde la Inspección reconocieron el problema y señalaron que pondrían en marcha un programa de control que, sin embargo, no está obteniendo resultados, según los sindicatos, por carencia de medios.
Afirman que el perfil del trabajador que se encuentra en una situación de impago de todo el salario establecido en el convenio es el de mujer joven del sector hostelero con nóminas de 700 euros, cuando tendrían que estar cobrando 1.000 euros por el tiempo que excede de su jornada laboral. En el 90% de los casos, indican que los trabajadores llegan al sindicato después de haber firmado el finiquito sin ser conscientes de haber aceptado una cantidad económica inferior a la que les corresponde en las que, según los representantes sindicales, no suelen abonarles las vacaciones o las horas extra.
Vidal señaló que muchos de los profesionales de la hostelería formados en centros como el Carlos Oroza de Pontevedra deciden emigrar ante la situación empresarial que se vive en Galicia y reclama una intervención por parte de las distintas administraciones para limitar estos abusos por parte de los empresarios.
Este sector cuenta con 25.000 trabajadores actualmente en la provincia.