Intento a la desesperada de anular toda la causa contra Florencio Grobas y cuatro compinches por narcotráfico
Por Natalia Puga
Florencio Groba Prego fue condenado por un delito de tráfico de drogas en los años 1989, 1991, 1996, 2004 y 2010 y tiene pendiente un juicio en la Sección de Vigo de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Acumula condenas que van de los cuatro años y seis meses a los 11 años y esta semana se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda junto a otras cinco personas por transportar seis kilos de cocaína entre Pontevedra y Cádiz en marzo de 2012. Pese a los antecedentes y a la acusación que formula el fiscal contra él, sigue sosteniendo que no debe ser condenado nuevamente. Para ello, su abogado ha hecho un intento a la desesperada de que se anulen todos los autos.
La petición del abogado defensor de Florencio Groba recibió la oposición frontal del fiscal Antidroga de Ponteveda, Luis Uriarte, que argumentó que la petición de nulidad de los autos tiene una "absoluta carencia de fundamento". Durante su informe final en la segunda sesión del juicio, el representante del Ministerio Público rechaza que sea anulen las escuchas telefónicas, la declaración de secreto de sumario y la entrada y registro en los domilicios de los acusados.
De todas formas, Luis Uriarte argumentó ante el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia que aún en el caso de que se anulasen esos autos emitidos por el juez instructor para permitir la investigación contra los cinco procesados, habría "prueba de cargo suficiente" para condenar a los cinco.
El fiscal: "los hechos están acreditados incluso sin las confesiones"
Su principal prueba contra los acusados sería la propia aprehensión de la droga que pretendían transportar y la confesión de tres de los imputados durante la primera sesión de la vista oral, pero el fiscal insiste en que "los hechos están acreditados incluso sin las confesiones".
Frente a estas afirmaciones del fiscal, el abogado de Groba le ha reprochado que forzó la declaración de los tres procesados que reconocieron los hechos ante el tribunal. Uriarte explicó en la sala que el día previo al inicio del juicio mantuvo una reunión en la Fiscalía con cuatro de los cinco abogados defensores y les planteó que si declaraban en la sala podrían beneficiarse de una circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal, la confesión. Se trató de una negociación, pero ningún acuerdo y en ningún momento guió el contenido de esa declaración.
Pese a lo sostenido por el fiscal, el abogado de Florencio Groba asegura que el fiscal le impuso como condición que los coimputados declarasen afirmativamente a todas las preguntas del fiscal. Le parece de una "gravedad extrema" y señala que, de hecho, su cliente llegó a plantearse reconocer los hechos, pero en el último momento decidió no hacerlo.
Tres de los procesados han visto reducida la pena que pide el fiscal
Fruto de esas negociaciones previas, tres de los procesados han visto reducida la pena que pide el fiscal. Jesús Gallardo Fernández de Córdoba se enfrentaba a una condena de 13 años de prisión y el fiscal la rebajó en sus conclusiones definitivas a 7 años y medio y una multa de 500.000 euros. Agenor Conde Cid pasó de una petición de siete años y medio a seis años y una multa de 400.000 euros.
Alejandro González Cabo pasó de enfrentarse a cinco años y medio a dos años y una multa de 700 euros. En su caso, se le acusaba inicialmente de traficar con cocaína, pero se cambió para atribuirle un tráfico de hachís, de modo que el delito por el que el fiscal pide que sea condenado pasa de ser un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancia que causa grave daño a la salud a un delito por una sustancia que "no" causa ese daño.
José Vázquez Rego y Florencio Groba siguen enfrentándose a una petición de condena de siete aos y medio y 15 años y medio, respectivamente. Ninguno de ellos reconoció haber traficado con droga.
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