Las seis organizaciones que representan a los trabajadores del Concello de Pontevedra (CSIF, SPPME, CCOO, UGT, CIG y AFUMPO) han protagonizado este lunes una rueda de prensa para "dejar clara ante la ciudadanía la situación y la realidad" del conflicto laboral abierto con el gobierno local.
En concreto en alusión a las últimas explicaciones de la edil de Personal, Carmen Fouces, una de las portavoces de la Junta de Personal del Concello, Carmen Franco, aseguró que "miente" porque "muestra en los medios un conflicto laboral reciente, con un único conflicto que es Bomberos y por una cuestión salarial" cuando en realidad "va mucho más allá de eso. La señora Fouces tiene un conflicto laboral con la totalidad de la plantilla".
En concreto la representante sindical alude al acuerdo alcanzado en mesa de negociación con el anterior concejal responsable, Vicente Lejísima, y que "en el año 2020 de forma unilateral decide archivar". Desde entonces, defiende Franco, "lo que ella llama negociación es imposición, es dictadura y es falta de diálogo".
Para la Junta de Personal "el Concello de Pontevedra tiene un déficit de personal muy importante y la plantilla está quedama", lo que se traduce en que "cuando un ciudadano llama por teléfono y le dan cita para dentro de semanas o meses es porque no hay personal, cuando le tardan en dar un documento es porque no hay personal, cuando no le cogen el teléfono es porque no hay personal".
Por todo ello las organizaciones que componen la Junta avanzaron que seguirán con las movilizaciones de protesta como la protagonizada en el último Pleno Municipal y barajan incluso la convocatoria de una huelga. "Es un recurso que no se descarta", señaló en la comparecencia Hector Santaló.
Entre las reivindicaciones laborales se encuentran, aseguran, un incremento de plantilla que fijan en alrededor del 25% para poder ofrecer un buen servicio a la ciudadanía, con casos como los Bomberos, Policía Local, Benestar Social o las brigadas operativas (cementerios, obras...) en una situación complicada por la falta de trabajadores. Además en algunos casos, acusan, ese déficit se suple "con la privatización de servicios".
CARMEN FOUCES DEFIENDE LA POSTURA DEL CONCELLO
Preguntada al respecto la concejala de Personal, Carmen Fouces, señaló que el archivo del acuerdo alcanzado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) es "unha decisión que está tomada", basada en que "estabamos en situación de análise cando chegou a pandemia e eso cambio totalmente o panorama".
La edil defiende que "estamos cubrindo as vacantes e as baixas con toda a celeridade que podemos", pero incidiendo en que ese incremento de plantilla que se demanda no estaba recogido en el documento negociado.
De hecho con alrededor de 520 funcionarios en plantilla "para 84.000 habitantes creo que non é unha mala ratio", suficiente para "ser capaces de dar servizo" a los vecinos de Pontevedra.