Peligra el servicio de vigilancia de la Policía Nacional en los juzgados
Por Oskar Viéitez & Mónica Patxot
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha advertido que la "situación crítica" que atraviesa la Unidade de Vixiancia en Edificios Xudiciais (UVEX) pone en riesgo la continuidad del servicio por lo que ha reclamado la cobertura de los puestos de estas unidades, que deberían contar con un total de 81 efectivos pero que sólo cubre 33 "lo que representa un déficit de personal del 60%".
El secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, ha denunciado públicamente en una rueda de prensa celebrada en Pontevedra que esta falta de agentes de las fuerzas públicas en algunas sedes judiciales "repercute en la seguridad" de estos edificios por lo que la Xunta ha tenido que contratar seguridad privada "con un coste adicional que supone para las arcas públicas" ya que supone un gasto "cinco veces superior".
Según ha explicado, el pasado 21 de diciembre se firmó el convenio entre el ministro del Interior y el vicepresidente de la Xunta de Galicia para el funcionamiento de las UVEX pero a pesar de que el gobierno gallego ha ingresado en el Tesoro Público la cantidad correspondiente de 1,5 millones de euros, la Dirección General de Policía no ha estado abonando sus nóminas. "Es una situación totalmente denigrante", ha valorado Roberto González.
Este servicio de vigilancia y protección en las 36 sedes judiciales gallegas lo prestan los agentes en segunda actividad, 81 policías y 125 guardias civiles. En el caso de los agentes de la Policía Nacional, por un problema burocrático, llevan un año sin cobrar un plus mensual de 400 euros por este servicio, lo que "representa un absoluto desprecio a unos funcionarios que superan los 60 años de edad y que finalizan su carrera profesional en este puesto de trabajo".
El Sindicato Unificado de Policía urge por ello la convocatoria de las plazas y demanda la modificación del convenio, para que no se queden vacantes sin cubrir al no existir peticionarios que cumplan los requisitos exigidos.
El secretario general del SUP en Galicia, Roberto González, ha anunciado medidas de presión. Así, dejarán de prestar este servicio durante los fines de semana a partir del próximo 1 de marzo si no se procede a la regularización de los pagos por los servicios prestados.
Además el SUP ha abierto la vía judicial interponiendo varios recursos por vía administrativa y posteriormente en el contencioso "y tampoco descartamos una querella criminal contra los responsables de la Dirección General de Policía" por los delitos de malversación de fondos y prevaricación administrativa.
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