La informática y la tecnología se están convirtiendo en una auténtica pesadilla para la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Hace ya meses que sufría dificultades asociadas al sistema para realizar videoconferencias, pero desde principios de este año 2017 se han encontrado con una a mayores causada por el sistema de grabación instalado dentro de la sala de vistas para documentar tanto en audio como en vídeo toda la sesión.
El magistrado presidente de la sección, Xosé Xoán Barreiro Prado, ha reconocido estas dificultades este lunes raíz de un problema detectado en un juicio que se reanudó contra dos acusados de haber participado en una agresión sexual en las fiestas de Lalín. Durante la segunda sesión de la vista el jueves 23 de febrero, el sistema no funcionó correctamente y dejó de grabar a seis testigos.
Desde la puesta en marcha de estos sistemas de grabación, el secretario judicial ya no levanta actas como las de años atrás, sino que la acta completa es la propia grabación y se limita a una documentación más. En este caso, al no haber audio ni vídeo, deberán comprobar si el acta levantada es satisfactoria para las partes y, en caso contrario, volver a llamar a los seis testigos a declarar.
En este juicio en concreto, el problema puede ser fácilmente solventado porque todavía se está celebrando y no será complicada la citación de tan sólo media docena de personas, pero los problemas con el sistema de grabación vienen de atrás y han dejado a la sala en problemas con al menos dos casos. El tribunal de la Sección Segunda tiene dos sentencias pendientes de poder resolver porque no se ha grabado ninguna parte del juicio.
Uno de los dos casos afectados es el relativo a un juicio por estafa continuada en la instalación de casas prefabricadas de madera contra J.M.M.R., gerente de la mercantil de Viascón (Cotobade) RFO S.L., que se enfrenta a una pena de siete años de prisión y una multa de 372.240 euros. La vista oral se celebró el 17 de enero y el sistema no recogió la sesión. Especialistas de la Xunta de Galicia están intentando recuperar la grabación, pero, en caso de que no lo consigan, deberá repetirse toda la prueba, con el consiguiente perjuicio tanto para las presuntas víctimas como para el resto de testigos y, además, el trabajo añadido de la Sección Segunda.
Solucionar estos problemas técnicos, al igual que las dificultades con el sistema de videoconferencia, es responsabilidad de la Xunta de Galicia, pues los equipamientos judiciales son responsabilidad de la administración autonómica, según recuerdan desde la Audiencia Provincial.