"Ao final, nada, nin casa nin nada, unha burla", resumía este martes F.V.C., un vecino de Campo Lameiro que en el año 2013 contactó con un empresario de Viascón (Cotobade) para contratarle una casa de madera y finalmente quedó sin la vivienda y sin los 20.000 euros que le pagó de adelante. Es una de las dos víctimas de ese mismo empresario, junto a la pareja de la parroquia pontevedresa de Tomeza cuyo caso había contado PontevedraViva, y sus presuntas estafas llegaron por fin ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra tras dos aplazamientos previos.
El empresario cuestionado, José Manuel Moure Rey, se sentó en el banquillo de los acusados y defendió su inocencia, pero poco sirvieron sus argumentos al fiscal del caso, Luis Uriarte. Al término de la vista oral, mantuvo la acusación contra él por un delito de estafa continuada, pero elevó la condena que solicita, pues inicialmente reclamaba siete años de prisión y pasó a reclamar ocho años y el pago de una multa de 7.200 euros (24 meses a 10 meses de diarios) al tener en cuenta la circunstancia agravante de reincidencia.
El fiscal sacó a colación los antecedentes del procesado, que incluyen condenas por estafa por un total de cinco años y nueve meses en Santiago de Compostela. Las abogadas de la acusación particular que defienden los intereses de las dos familias afectadas también tienen en cuenta esas condenas y piden una condena a nueve años de prisión y una multa de 22.500 euros (30 meses a 25 euros diarios) una y diez años de prisión y multa de 18.000 euros (30 meses a 20 euros diarios) la otra.
El acusado, cuya abogada pidió su libre absolución, justificó su proceder con las dos familias. En el caso de la vivienda no construída en Campo Lameiro, la víctima relató que pagó 20.000 euros y, tras meses de retraso, finalmente contactó con la empresa de Ciudad Real que suministraba la casa al acusado y, al averiguar que no estaba ni contratada, rompió relaciones y contrató directamente la vivienda a la empresa primaria. Desde entonces, le reclama el dinero al procesado sin éxito.
José Manuel Moure reconoció ante el tribunal que "efectivamente, le debo 20.000 euros" y lo justifica argumentando que "dadas las circunstancias que estaba pasando la empresa, el dinero se utilizó" para otras cuestiones. Llegó a firmar un reconocimiento de la deuda y a entregarle cinco pagarés, pero sin fondos.
La familia de Tomeza tuvo una situación diferente. M.A.R.P. y su marido le contrataron una casa y le pagaron todo lo acordado, 73.000 euros, pero tan sólo les construyó la estructura de un bajo y una placa, sin casa. Ellos además, no llegaron a contratar la vivienda a nadie y siguen sin tener la que iba a ser su vivienda habitual, en la que invirtieron los ahorros de toda su vida.
El procesado aseguró que esa casa se encareció porque el bajo construído tuvo que llevar hormigón en lugar de los bloques pactados y realizar más trabajos reclamados por los clientes, como un muro, un portal o el alcantarillado, de tal modo que ya antes de contratar la casa había gastado 54.000 euros y tan sólo le quedaban 16.000 euros para comprar una estructura de madera que costaba 44.000. Decidió no pedirla.
La visión que tienen los denunciantes es muy diferente. La mujer relata que el proyecto inicial sufrió una modificación en el bajo que entendía que iba incluída en el precio y, a mayores, ellos contrataron al constructor que ejecutaba los trabajos obras en el acceso al terreno que pagaron directamente y por su cuenta. El hombre añade que Moure Rey realizó pequeñas obras a mayores como una división en el bajo o una rampa, pero lo hizo porque la casa se retrasaba y, "para compensar", hizo esas mejoras.
Tanto esta pareja de Tomeza como el afectado de Campo Lameiro relataron que el procesado solía darles largas y ponerles excusas continuas para justificar que la casa de madera nunca llegaba. "Sempre escusas e mentiras", explican. El juicio ha quedado visto para sentencia.