El Gobierno local de Poio: "estamos tranquilos porque non hai ningún desvío raro que se nos poida imputar"
Por Natalia Puga
Todo el equipo de gobierno del Concello de Poio, el bipartito BNG-PSdeG, lanzó este martes un mensaje de unión ante la decisión del fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, de enviar al juzgado la denuncia del PP por las supuestas "anomalías" económicas y de contratación que se producen en el Gobierno local de forma "reiterada". El alcalde, Luciano Sobral, compareció públicamente acompañado del resto de ediles nacionalistas y socialistas y aseguró que todos ellos "estamos tranquilos".
"Por supuesto que estamos tranquilos dentro da importancia que ten o feito porque nós consideramos que non hai ningún desvío digamos raro o algunha cousa que se nos poida imputar", indicó el regidor nacionalista tras conocer a través de la prensa a la intención del fiscal de judicializar el caso.
Sobral reconoció que el Pleno de la Corporación levantó reparos de Intervención y aprobó reconocimientos extrajudiciales de crédito como los que denuncia el PP, pero sostuvo que, a su enteder, este proceder no es constitutivo de ningún delito, sino que "en todo caso é unha cuestión administrativa que en lugar de tratar as cousas dunha maneira se recorreu a un recoñecemento extraxudicial".
El alcalde aseguró que no ha tenido ninguna comunicación oficial de esa judicialización del caso ("a día de hoxe ningún me comunicou nada") y que desde la Fiscalía de Pontevedra no se le requirió al Concello ninguna documentación complementaria a la denuncia del PP al margen de la declaración de la interventora municipal para que se ratificase en sus informes. Sí tiene constancia de que el fiscal pidió informes al Concello de Contas, pero "non sabemos que información" en concreto.
Luciano Sobral señaló que "non sabemos cal vai ser o recorrido deste proceso" que empezó en noviembre con una denuncia del PP y que ahora se judicializa, pero insistió en la tranquilidad de todo el Gobierno local (la denuncia va dirigida contra todo el equipo) y aseguró que "daremos conta do que corresponda chegado o momento".
Además, mostró su total disposición a colaborar con la Justicia y señaló que su equipo de gobierno tiene la "conciencia moi tranquila" porque se actuó con total transparencia y "todo o que está feito está aí, está sobre a mesa". Prueba de ello es que el PP tuvo acceso a la documentación que remitió a la Fiscalía a la hora de presentar la denuncia.
La mayor parte de su comparecencia pública la sostuvo en datos sobre la situación económica del Concello de Poio que luego refrendaron el concejal de Facenda, Xulio Barreiro, y la teniente de alcalde, Chelo Besada. Insistieron en que la deuda viva de la Administración local pasó de 10 millones en 2010 a 7,6 en 2013, lo que ha supuesto que hace tres años suponía el 105% del total y ahora el nivel de endeudamiento se ha quedado en el 70,74%, una redución "considerable".
"Non entendemos a actitude do PP de levar algo que debería estar non ámbito da administración e da política á Xustiza"
Indicaron que "o Concello, a día de hoxe, no ten débedas con ningún subministrador", al menos no pagos pendientes superiores a 30 días y aportaron más datos económicos en los que sostienen que basan su política y que pudieron haber justificado que, en determinados momentos, el Gobierno local haya tenido que recurrir a los reconocimientos extrajudiciales de crédito que ahora se ponen en cuestión. El "100% de los gastos" que se han hecho con cargo a esas modificaciones presupuestarias "están xustificados" y sostienen que esa fórmula está permitida por la propia ley.
En base a esos datos y argumentos, "entendemos que o que se está xulgando non é unha desviación de fondos de forma ilícita, nin malversacións, nin desvíos de caudales públicos, senón algunha norma que recolle a lei".
Los tres concejales aseguran no entender la actitud del Partido Popular de judicializar la vida política, que "cremos na Xustiza", pero no comparten la "actitude do PP de levar algo que debería estar no ámbito da administración e da política á Xustiza". Barreiro interpreta que con esta denuncia el partido de la oposición "o que pretende é buscar no ámbito xudicial o que non consegue no ámbito político".
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