"Galicia debe contar con un plan integral de control del cáncer"
Por Redacción
El cáncer debe convertirse en un objetivo prioritario para el Gobierno autonómico que salga de las urnas tras las elecciones de 18 de febrero. Esa es la petición que hace la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en la provincia de Pontevedra en la conmemoración del Día Mundial del Cáncer, que se celebra el 4 de febrero.
Con motivo de esta efeméride, y ante la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 18 de febrero, la Asociación se dirigió a los partidos políticos con representación en el Parlamento de Galicia para acercarles sus propuestas con el objetivo de mejorar la situación de los pacientes de cáncer y sus familias en nuestra comunidad.
La Asociación incide en la importancia de contar con un plan integral de control del cáncer en la Xunta de Galicia "que garantice la equidad en salud para todos los grupos sociales y la igualdad de oportunidades para hacer frente al cáncer".
En este sentido, la AECC señala que que "hacen falta políticas públicas transparentes que rindan cuentas a la ciudadanía de los resultados en salud de los planes para la prevención, atención e investigación de la enfermedad".
Por eso, la Asociación reclama que se publiquen, de forma periódica y accesible para la población, los resultados en salud de leyes, estrategias y programas relacionados con el cáncer; los indicadores del cumplimiento de la equidad en las prestaciones de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud relacionados con los procesos oncológicos y los indicadores de cumplimiento de la igualdad de oportunidades para acceder a esas prestaciones.
Uno de los objetivos prioritarios de la entidad es que, en 2030, la supervivencia media a cinco años de las personas diagnosticadas de cáncer se incremente, como mínimo, hasta el 70 %. Para conseguirlo "es fundamental una apuesta decidida por el fortalecimiento de la investigación oncológica", destacan.
Detallan que se necesita integrar a los investigadores gallegos —que se sienten aislados—, favorecer la formación de redes y abogar por la internacionalización. Además, añaden que es preciso retener el talento que se forma en Galicia y atraer a investigadores de fuera de la comunidad para fortalecer la capacidad investigadora de nuestra comunidad. También resulta necesario incrementar la colaboración entre perfiles básicos y clínicos, promover las fases tempranas de los ensayos clínicos y trabajar hacia la creación de un centro de referencia en la atención del cáncer en Galicia.
Otro de los retos de la Asociación es la atención integral a las personas con cáncer y a sus familias. En este sentido, una de las claves está en la atención a pacientes con necesidades sociales, por eso sostiene la AECC que el sistema público de salud deber proveer una atención integral para responder al impacto del cáncer en las personas e identificar y abordar adecuadamente el efecto psicológico y social de la enfermedad en pacientes y familiares.
El cáncer es la enfermedad que supone un mayor riesgo de perder el trabajo: las posibilidades de estar despedido entre los superviventes de cáncer son un 34 % más altas que las de la población general. El diagnóstico conlleva un aumento de gastos —el coste para el 41 % de las familias supera los 10.000 euros— y una merma de ingresos que puede provocar situaciones de vulnerabilidad económica en muchos pacientes. En España, alrededor de 27.000 personas con cáncer entran en riesgo de exclusión social cada año debido al impacto económico de la enfermedad. Se estima que, en Galicia, 1.261 personas que fueron diagnosticadas de cáncer en 2023 se encontraban en situación de vulnerabilidad laboral y riesgo de pobreza, y que otras 3.245 vivían solas, una condición que se relaciona con un incremento de la mortalidad.
Por esos motivos, desde la Asociación Española Contra el Cáncer se aboga por la identificación de las situaciones de vulnerabilidad económica y de soledad no deseada de las personas con cáncer desde el primero momento, incluyendo en la historia clínica la valoración del "distrés social" y protocolos de derivación temprana al equipo de Trabajo Social. También hay que informar al paciente y al familiar cuidador sobre cómo acceder a derechos sociales, ayudas ante la vulnerabilidad económica y servicios para hacer frente a la soledad, y revisar las normativas y procedimientos de incapacidad permanente y discapacidad por los efectos secundarios y las secuelas del cáncer.
Entre los objetivos de la Asociación está, además, conseguir la primera generación libre de tabaco. Fumar es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo del cáncer, y está asociado a más de dieciséis tipos de tumores. Si el consumo de tabaco había desaparecido, los casos de cáncer se reducirían hasta en un 30%. En este ámbito, la entidad reclama la implicación de las administraciones autonómicas y locales para adoptar las medidas normativas necesarias para la protección de la población —especialmente de la infancia y adolescencia— frente al humo y residuos contaminantes del tabaco.
Añade esta Asociación que también es necesaria una vigilancia estricta del cumplimiento de las leyes vigentes en materia de espacios libres del humo del tabaco y actividades continuadas de sensibilización e información sobre el riesgo para la salud de los nuevos productos con nicotina, como los cigarros electrónicos, que están de moda entre la población más joven.
En el campo de la prevención, por otra parte, consideran "imprescindible" fomentar la participación de la ciudadanía en los programas de detección precoz. Hay que reforzar el cribaje de cáncer colorrectal —en el que aún no se logró una participación óptima, establecida en el 65 %— y ampliar la franja de edad del programa de cribaje poblacional para el cáncer de cérvix desde los 25 años. En este último caso, también es muy importante universalizar el acceso a la vacuna contra el virus del papiloma humano en los varones adolescentes para una prevención completa.
Entre las reclamaciones está también una atención especial a la población oncológica que se enfrenta al final de la vida. El número óptimo de recursos especializados de cuidados paliativos para una atención adecuada es de 2 por cada 100.000 habitantes —uno de atención en el domicilio y otro de atención hospitalaria—. En nuestra comunidad, esta cifra se sitúa en 0,67, y la media nacional está en 0,6.
Además, se deben incrementar proporcionalmente los recursos de cuidados paliativos para asegurar la equidad en el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten —especialmente en zonas rurales—, además de reforzar la protección social de los pacientes con necesidades paliativas.
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