No ha sentado nada bien en el gobierno municipal que la Xunta responsabilice al Concello de Pontevedra de la falta de viviendas de promoción pública en la ciudad.
El director general del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, ha explicado que existe un acuerdo por el cual se cederán parcelas en Monte Porreiro para que el ayuntamiento las dedique a zonas verdes y, a cambio, la Xunta recibirá parcelas de titularidad municipal para la construcción de vivienda de promoción pública.
Por el momento, señaló, el Concello sigue sin ceder los terrenos comprometidos a cambio de las parcelas de la Xunta y no facilitó a los técnicos del IGVS el acceso a las parcelas municipales para su valoración.
El edil de Patrimonio, Vicente Legísima, ha asegurado que el gobierno municipal sigue "aberto" a ceder terrenos "que poidan servir" para construir viviendas sociales y ha insistido en que "absolutamente" no es culpa del Concello que estos proyectos estén paralizados.
Ha recordado que el Concello ofreció hasta cinco parcelas al IGVS a cambio de los terrenos de Monte Porreiro. Dos de ellas incluso figuran en el convenio remitido por la Xunta en 2014 que, posteriormente, quedó en nada. Se trata de un terreno de 3.220 metros cuadrados en Valdecorvos y otro en Tafisa, con un aprovechamiento de 5.846 metros cuadrados.
A ellos se suman otra parcela en Conde Bugallal, otra en Campo do Boi -esta última incluida en un borrador de convenio presentado en 2008- y una quinta en las inmediaciones de la iglesia de Virgen del Camino. Esta última, según el edil del BNG, es "pequena" y reconoce que es difícil que pudiera destinarse para este tipo de viviendas.
"Non podemos ofrecer o que non temos", ha señalado Vicente Legísima al ser preguntado si se podrían llegar a ofrecer más terrenos. Eso sí, ha reiterado que el gobierno municipal mantiene "toda a nosa disposición" para llegar a un acuerdo con la administración autonómica en esta materia.
A este respecto, ha avanzado que el Concello se dirigirá a la Xunta, a través de la jefa del servicio de Patrimonio, para "refrescarlles a memoria" y recordarles el acuerdo alcanzado entre ambas partes en 2014 y recogido en un convenio que nunca llegó a firmarse.