Tras la investigación policial y judicial en el marco de la Operación Patos, que acabó con una causa abierta contra el Concello de Pontevedra por presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores en la empresa Cespa, el propio gobierno municipal inició una investigación interna para conocer los criterios de selección de personal de la empresa. Y este miércoles se conoció la resolución de ese trabajo.
Archivada la causa por la justicia, al no apreciar delito en los supuestos enchufes detectados -y que fueron negados desde el principio por los miembros del gobierno del BNG-, la Xunta de Goberno acordó sancionar la empresa con 9.010 euros por no informar sobre su política de contratación, como así se lo había solicitado el Concello.
La sanción es por dos faltas graves por la reiterada no comparecencia de la empresa para dar cuenta de esta política de contratación.
El expediente se abrió el pasado 7 de octubre de 2015 y se acordó una primera convocatoria de la empresa ante el juez instructor -el concejal de Régimen Interior y Personal, Vicente García Legísima- el 29 de octubre. En aquella ocasión la empresa no compareció y remitió al Concello un escrito de alegaciones. El Concello reiteró la solicitud de comparecencia para el 4 de noviembre, que tampoco tuvo resultado por parte de la empresa.
El expediente siguió su curso siguiendo el procedimiento habitual con una propuesta de resolución que también tuvo alegaciones por parte de la empresa y que finalmente fue aprobada en la Xunta de Goberno de hoy.
Así, se acuerda imponer a Cespa dos multas: una de 3.000 euros por una falta grave por la no comparecencia de 29 de octubre; y una segunda de 6.010,12 euros por una falta grave por la no comparecencia de 4 de noviembre. El expediente queda cerrado tras negarse la empresa a dar información sobre su política de contratación al estar el asunto sub iudice.
Este expediente puede ser recurrido por la empresa en el Juzgado Contencioso.
El portavoz del gobierno, Raimundo González aseguró que desde aquella fecha las relaciones con la empresa concesionaria de la recogida de la basura son tensas, aunque se tienen que mantener en los términos contractuales.