Estoy seguro que a la mayoría de los ciudadanos de la Ría de Pontevedra nos disgusta la ubicación actual de Ence y tenemos disparidad de criterios sobre su mantenimiento o desaparición; todos ellos respetables.
Lo que resulta indignante, necio y absurdo es el acuerdo municipal de Pontevedra para declarar “persona non grata” a Mariano Rajoy a raíz de la prórroga de la concesión de Ence porque estoy seguro que en su condición de pontevedrés tampoco le gusta la ubicación de esa fábrica pero, a la hora de gobernar, no pesa el criterio individual sino el bien común que debemos traducirlo en el mantenimiento del empleo. Y, al menos para mí, no resulta eficaz el argumento de hipotéticos empleos futuros una vez desaparecida esta empresa porque no creo en pajaritos preñados.
Hace ya muchos años me preguntó una directiva de la asociación de Defensa da Ría si era partidario del traslado de Ence y le dije que no por un solo motivo, porque tenía amigos trabajando en la fábrica. A su vez, a mi pregunta sobre si ella perdía el trabajo a causa del posible traslado, me dijo que no. Naturalmente es muy fácil disparar con la pólvora del rey y estoy seguro que los concejales que hoy votan tal acuerdo no cederían sus remuneraciones municipales a quienes perdiesen el empleo.
Debemos presumir que la decisión de prorrogar la concesión se adoptó con arreglo a derecho; en cualquier caso, tal decisión es recurrible ante la jurisdicción contenciosa y ese debe ser el camino para quienes estiman más importante la desaparición de Ence que los empleos.
Todos los argumentos son perfectamente asumibles para la ciudadanía y es sano que haya debate. Lo que parece necio e indignante es que unos concejales -que entre todos posiblemente no han creado un solo puesto de trabajo- asuman la representación de toda la ciudadanía y, en su nombre, reprobar a un conciudadano por el mero hecho de mantener los empleos en Pontevedra, la ciudad que encabeza la lista de grandes ciudades gallegas con mayor tasa de desempleo, según los datos señalados por la Encuesta de Población Activa (EPA).
Esta declaración municipal provoca daño sin beneficio alguno y radicaliza posiciones que en nada ayuda a nuestra convivencia pacífica. Es por tanto una declaración necia de la que me avergüenzo. Dejemos que los tribunales trabajen.
Jaime Olmedo Suárez-Vence