El Gobierno sigue en su línea de aumentar el salario mínimo, sobre todo, porque en España hay tres millones de personas que lo cobran. La propuesta consiste en un aumento del 4% para el próximo año, lo que supondría unos 43,20 euros más al mes de lo que cobran actualmente. Lógicamente, ni patronal ni sindicatos están de acuerdo, unos por exceso y otro por defecto.
Que los sindicatos pidan más es lo esperado, pero resulta curiosa la posición rácana de los empresarios, a pesar de que los márgenes de beneficios de las grandes compañías se han disparado este año a cifras récord, con un aumento de la rentabilidad a pesar de vender menos, solo que significa que están ganando más dinero. Por eso pueden negarse a subir 40 míseros euros a quienes no llegan a fin de mes.
Para los empresarios, las subidas de salarios son como el aspecto territorial para el PP. No se pueden tocar porque el tejido empresarial se rompería, España estaría amenazada por algún tipo de plaga bíblica y acabaría rompiéndose. Todo mentira.
Lo mínimo exigible sería vincular el crecimiento de los salarios a la inflación porque, cualquier tipo de subida salarial que esté por debajo, significa, en la práctica, perder poder adquisitivo. Lo que funciona es todo lo contrario de lo que viene planteando la patronal desde siempre. Es decir, las subidas del salario mínimo y la transformación de los contratos temporales a indefinidos, han generado el crecimiento del empleo, de la demanda interna y, en definitiva, del PIB.
Afortunadamente, todo lo que iban a ser efectos nefastos por las subidas salariales por encima de la inflación, no se han cumplido. El problema ahora, es que, para suscribir un acuerdo, la patronal exige una condición que nada tiene que ver con la negociación colectiva, que es la modificación de las condiciones de la contratación del sector público.
Posiblemente sea necesario revisar los requisitos de la contratación pública, pero no en este marco. ¿Cuáles son las empresas que optan a este tipo de contratos? ¿A qué tipo de empresas representa la patronal que, para negociar el salario mínimo interprofesional, pone como condición la revisión de los contratos con la administración pública?