En el contexto político actual, lejos de mayorías absolutas que permitan a los grandes gobernar sin apenas dar explicaciones, nos enfrentamos a dos modelos diferentes de hacer política. Ambos, se ven en la necesidad de pasar por el peaje del pacto para alcanzar el poder, algo que, de entrada, ya es una buena noticia para la democracia.
En España, hay multitud de sensibilidades y formas de pensar, muchas de ellas con representación parlamentaria para que sus voces se puedan escuchar en la sede de la soberanía nacional, donde se toman las decisiones que afectan a todos.
Y es ahí, en el Congreso, donde tratan de sacar rendimiento a los votos obtenidos, algo tan legítimo como la propia Constitución. No olvidemos que, gracias al apoyo de partidos minoritarios, se han logrado importantes avances en derechos, no solo en aquellas regiones de las que provienen, sino en aspectos que afectan a la vida de todos los españoles. Sin ir más lejos, la subida del salario mínimo se la debemos a la propuesta del PSOE y al apoyo recibido de partidos con poca representación parlamentaria.
El problema es que, el Partido Popular, que está habituado a hacer y deshacer a su antojo, no está acostumbrado a pactar. Por eso rechazan el gobierno de coalición y lo deslegitiman calificándolo de gobierno Frankenstein, porque les falta la cultura del pacto y el respeto a las minorías.
Sin embargo, en la España actual, más plural que nunca, no tienen más remedio que hacerlo si quieren gobernar. Y así, surgen dos modelos diferentes de alianzas. El del PSOE, con los independentistas, aceptando cesiones en el ámbito territorial que, no lo olvidemos, siempre tendrán que pasar por el filtro del Parlamento y del Tribunal Constitucional, si fuese necesario.
Y el del PP, basado en encamarse con la ultraderecha y aceptar cesiones que suponen regresión de derechos sociales, pérdida de derechos para las mujeres, para las minorías, para los inmigrantes... En definitiva, poco menos que volver a la España en blanco y negro.
Para simplificarlo, podríamos decir que unos negocian con el asunto territorial, cediendo competencias y reconociendo la singularidad de los territorios que conforman el Estado; y los otros, negocian con los derechos sociales, poniendo en riesgo lo que tantos años hemos tardado en lograr. ¿Qué es peor?