Hace un año y 17 días, el 1 de enero de 2021. Desde ese día, Sonia Iglesias Eirín está oficialmente muerte. Así lo ha determinado el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pontevedra, que el pasado mes de mayo dictó un auto por el que decidió la fecha de fallecimiento legal de la joven pontevedresa.
La decisión se remonta a mayo de 2021, si bien no se hizo pública hasta este fin de semana, a través de una información publicada en Diario de Pontevedra. Este lunes, fuentes oficiales la han confirmado a este periódico.
El procedimiento para la declaración del fallecimiento de Sonia Iglesias lo inició su único hijo, Alejandro Araújo Iglesias, que era un niño cuando ella desapareció misteriosamente el 18 de agosto de 2010 y ahora ya ha cumplido la mayoría de edad.
El joven empezó el proceso en noviembre de 2020, cuando ya se había cumplido una década de la ausencia de su madre y tras el fallecimiento por un cáncer de su padre, Julio Araújo, único sospechoso de la desaparición de la mujer. Estuvo investigado por la vía judicial primero y policial después, si bien cuando falleció la causa estaba archivada de forma provisional.
El Juzgado de Primera Instancia número 5 de Pontevedra, con competencias en el ámbito civil, empezó el procedimiento para tramitar la muerte de Sonia tras la petición del hijo y, una vez que pudo determinar que nadie podía aportar noticias sobre su paradero, decidió poner fin al trámite y declararla muerte.
El auto por el que lo hizo fijo la fecha de la muerte en el 1 de enero de 2021 y da vía libre al joven hijo de Sonia para que pueda realizar todos los trámites administrativos que hasta ahora tenía paralizados, en especial, los relacionados con la herencia y las propiedades de sus padres ahora que es oficialmente huérfano.
Sonia Iglesias tenía 38 años cuando desapareció en agosto de 2010 y era una persona muy conocida en la ciudad, donde trabajaba como encargada de la tienda Massimo Dutti. Fue vista por última vez cuando dejó unos zapatos a reparar en un zapatero ahora ya cerrado y nunca más se supo de su paradero, por mucho que se realizaron arduas investigaciones policiales y judiciales para hacerlo.
La familia de la joven y una amplia representación de la ciudadanía pontevedresa se volcaron en su búsqueda, pero nunca se localizaron pruebas ni pistas contundentes que ayudasen a esclarecer su ausencia.
El juzgado archivó la investigación ya antes de la muerte de Julio Araújo y de esta declaración de fallecimiento y desde 2018 no se realizan avances notables en la investigación. Fue entonces cuando se citó a declarar en calidad de investigado en el ámbito judicial de Julio Araújo y un hermano, por los delitos de homicidio y encubrimiento, respectivamente. Aquello quedó en nada, al igual que una búsqueda posterior, en enero de 2020, en un pozo de la zona de Marcón.