El diputado del BNG, Luís Bará, pedía este martes en el Parlamento de Galicia a la Xunta una condena a los ataques y amenazas contra la concejala nacionalista Carme da Silva en la fachada de su domicilio. Bará manifestó que son "prácticas mafiosas" con la pintada de dianas delante de su puerta y relacionaba estos hechos con la campaña emprendida por Ence para mantener su continuidad en la ría. "Non nos van amedrentar", apuntó Bará que criticó los cambios del Partido Popular respecto a la ubicación de la empresa de celulosas durante los últimos años, calificando a los populares de "vendidos e vendidas".
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, respondía que como mujer "a min non me vende nin me compra ninguén" para, a continuación, explicar que la Xunta de Galicia está de lado de la legalidad y señalaba que ahora mismo Ence cumple con los parámetros ambientales que marca la ley. Se refirió también a que en 2008, el bipartito que gobernaba en la Xunta, con el PSOE y el BNG, también habían avalado el cumplimiento de estas condiciones medio ambientales por parte de la factoría. Señaló que en los últimos años se han realizado por parte de la Xunta tres auditorías ambientales en la fábrica para comprobar que cumplía con toda la normativa y que este mismo año está prevista la realización de otra.
En el turno de réplica, Luís Bará indicó a la conselleira que parecía la jefa de prensa de la empresa pastera y le invitó a entrar en el consejo de administración de Ence como ya había hecho algún antecesor en su cargo, en referencia a Carlos del Álamo. Finalmente, reiteró su petición de condena de la "campaña mafiosa" contra Carme da Silva y concluyó con un "Ence pode ter moita pasta pero Pontevedra non paga e non vota a traidores".
Por último, la conselleira intervino para criticar la acción por parte del gobierno central de Pedro Sánchez de hacer un allanamiento en la causa sobre la prórroga de Ence "pola porta de atrás" y alegó que desde la Xunta "nin enganamos a Ence nin á cidadanía en xeral".
Ángeles Vázquez finalizó el debate acusando al gobierno local de Pontevedra de impedir la ampliación de la depuradora de Lourizán que, a su entender, permitiría mejorar la calidad de las aguas de la ría.
El debate puede verse en este enlace del Parlamento de Galicia.