El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que realiza diligencias realizadas por el naufragio del Villa de Pitanxo hasta que se resuelva qué juzgado es competente para investigarlo, acaba de ordenar el análisis del móvil de uno de los marineros fallecidos en Terranova.
El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 ha pedido a la Guardia Civil que analice ese teléfono móvil, que pertenece a una de las víctimas del naufragio y fue entregado a la Guardia Civil por su familia.
El juez ordena este análisis como respuesta a una petición efectuada en mayo por la Sección de Investigación Criminal de la Guardia Civil. La Fiscalía dictaminó de forma favorable y ahora el juez lo autoriza, según se recoge en un auto al que ha tenido acceso la agencia Efe este martes.
El auto autoriza a los funcionarios del Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística del instituto armado al "acceso, análisis forense, volcado/clonado y extracción de datos" para localizar documentos, archivos, programas, fotografías, vídeos, agendas, conversaciones, comunicaciones y "cualquier otro análogo que pudiera haber en el mismo y tener relación con los hechos".
Según recoge el auto, el juez, a petición del fiscal, ha ordenado que sólo se de traslado a él del contenido de su teléfono móvil "y de forma reservada" para determinar si se incorpora a la causa aquella información que considere relevante. Adopta esta medida con el objetivo de "preservar la intimidad" de la víctima y de su familia.
En su auto el magistrado considera que el acceso a la información que pudiera tener el teléfono "puede ser útil para el posible esclarecimiento de los hechos" y "necesaria para poder avanzar en la investigación".
Este martes también ha trascendido que el juez de la Audiencia Nacional admitió a trámite una querella interpuesta por varios familiares de los tripulantes del buque contra el patrón, Juan Padín, y la empresa armadora, Pesquerías Nores Marín. Padín ya tiene la condición de investigado y este lunes declaró como tal ante el juez, de modo que esta querella no cambia su situación procesal en la causa.
El magistrado tomó declaración a los tres supervivientes del naufragio este lunes, a Padín como investigado y a su sobrino, Eduardo Rial, y el marinero Samuel Kwesi como testigos. Tras cinco horas de toma de declaraciones, acordó dejar en libertad al patrón, pero con medidas cautelares que pasan por prohibición de salir del país, retirada del pasaporte y comparecencias ante el juzgado más cercano cada 15 días.
La querella de las familias ahora admitida a trámite ve en lo sucedido 21 delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores y delito de falsedad documental. La Fiscalía, sin embargo, no contempla la falsedad, sino que tan sólo ve indicios de los otros delitos.
En su querella, las víctimas también se referían a Eduardo Rial, pero el juez no admite a trámite la querella contra él, "sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias a practicar".