Por octavo año consecutivo, el gobierno municipal decide mantener los actuales impuestos y tasas para la elaboración del presupuesto de 2022. Todas quedarán congeladas como sucede desde 2014, según anunciaba este miércoles el concejal de Facenda, Raimundo González.
Con esta medida se quiere disminuir la presión fiscal sobre la ciudadanía en un año en el que el IPC ha subido un 4% y con previsiones de que continuará en ascenso debido al incremento de los precios de materias primas, productos esenciales y de las diversas energías. Raimundo González afirma que con esta decisión los pontevedreses ahorrarán dos millones de euros, cantidad que dejarán de ingresar las arcas municipales.
Según los datos expuestos, los ingresos anuales por impuestos en el municipio se acercan a los 30 millones de euros, 20 de ellos procedentes del IVA. Si se le aplicase una subida del 4% la cifra ascendería a 1.200.000 euros. En el apartado de tasas, la cantidad se sitúa en 19,5 millones de euros, que en caso de aplicarse el 4% de la subida del IPC, la cifra se establecería entorno a los 800.000 euros.
Para compensar parcialmente la congelación, el concejal indicó que continuarán con las inspecciones fiscales y actualización de censos, con una persecución especial al fraude en el caso de tasas de recogida de residuos sólidos urbanos y de alcantarillado. También actualizarán los censos del Impuesto de Actividades Económicas, que afecta a empresas que facturan más de un millón de euros, según indicó.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ANULA EL IMPUESTO MUNICIPAL DE PLUSVALÍA
En relación a la sentencia del Tribunal Constitucional, conocida en las últimas horas, en la que el alto tribunal anula el método de cálculo de este impuesto de plusvalía, que grava el incremento de los terrenos de naturaleza urbana que se transmiten, Raimundo González informó de que para el ejercicio de 2021 la cifra de ingresos por este impuesto ascendía a 1,7 millones de euros.
Indicó que las consecuencias de la setencia en Pontevedra son diferentes porque en el municipio no se aplica la autoliquidación sino que es el Concello quien realiza la liquidación. Además, recordó que no se aplica el máximo tipo impositivo que se sitúa en el 30% como en gran parte de las capitales de provincia, sino el 21%.
En todo caso, el concejal reconoció que "somos sensibles a esta sentenza" asegurando que afecta en el apartado de ingresos en la elaboración de los presupuestos de 2022.
Recordó que desde 2017 el Gobierno central, primero con Mariano Rajoy y ahora con Pedro Sánchez, no había modificado la ley para adaptar este impuesto. Por este motivo, espera que el Estado compense a los municipios por esta falta de ingresos y que reforme la ley en breve para que se pueda aplicar ese gravamen en la transmisión de los terrenos.
En relación con la elaboración del presupuesto para el próximo año, Raimundo González admite que se presentan "variables que nunca tivemos" derivadas de esta sentencia del Tribunal Constitucional y de los incrementos de la factura de energía eléctrica, que obliga al Concello a pagar dos millones de euros, además de las que se producen en el gas o en el gasóleo.
Al mismo tiempo, también señala que deberán tener en cuenta que el incremento del IPC afectará también para la adjudicación de obras porque todos los materiales son más caros. Indicó que previsiblemente a la hora de presupuestar estos trabajos habrá que subir alrededor de un 15%.
El actual presupuesto del municipio de Pontevedra, aprobado en enero de este año, asciende a 80,7 millones de euros.