El Pontevedra Club de Fútbol acudirá a la vía civil para mantener abierto el proceso judicial contra el expresidente del club, José Manuel Fernández. Así se ha acordado en la Junta General de Accionistas celebrada este lunes en el Pazo da Cultura.
De esta forma, tras las sentencias de la Audiencia Provincial y el TSXG desestimando los recursos del Pontevedra y cerrando la opción penal, se abre una nueva vía para pedir responsabilidades al dirigente por lo que entiende el Consejo de Administración como "una absoluta administración desleal", señaló el consejero Pablo Galván.
El actual Consejo de Administración del club granate había presentado una denuncia tras la aparición durante el juicio laboral entre el club y Milo Abelleira de un reconocimiento de deuda firmado por el expresidente, José Manuel Fernández, por un importe de 104.355 euros más el 10% de las taquillas de las fases de ascenso de las temporadas 2013-2014 y 2014-2015. Entendía el club que ese reconocimiento fue firmado el 20 de junio de 2014, 11 días después de que Fernández fuese apartado de su cargo y por lo tanto no estaría autorizado a firmarlo. Además no estaba conforme con las cantidades reflejadas, asegurando que gran parte estaban prescritas.
Así se explicó de nuevo ante los accionistas, que apoyaron la postura del Consejo encabezado por Lupe Murillo ante "el mayor prejuicio que se le ha causado al club en los últimos años", afirmó Galván antes de proceder a una votación que sólo contó con una abstención y un voto en contra, el de José Luis Tilve como representante del principal grupo opositor a la actual dirección, un grupo de tres empresas con sede en Meaño, y que suponían el 37,29% del accionariado presente.
SANCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El Consejo de Administración mostró además su total disconformidad con los criterios que han llevado a cabo a la Seguridad Social a interponer una multa de 65.646 euros al Pontevedra por supuestas irregularidades en la cotización de varios empleados, asegurando no estar de acuerdo con las fechas de los contratos y que darían como importe de cotización presuntamente irregular una cifra de 2.876,80 euros.
"Tenemos a los jugadores dados de alta, no le quepa la menor duda", señaló ante los presentes el consejero del área económica, Enrique Mariño, quien afirmó que esta denuncia, al igual que otras que han propiciado hasta "cinco inspecciones" en los últimos años provienen de un accionista del club.
"Hemos actuado correctamente" defendió el consejero anunciando un recurso que "no me cabe duda de que tenemos viso de ganarlo". Además cargó contra la herencia recibida cuando los actuales gestores desembarcaron en el Pontevedra ya que "cuando llegamos a este club nos encontramos a todos los jugadores sin dar de alta en la Seguridad Social", reveló Mariño.
Este punto terminó dando paso a un tenso final de Junta General de Accionistas entre el representante del principal grupo opositor y la presidenta del Consejo, Lupe Murillo, quien aseguró que "no le hace ningún beneficio a la entidad su posición" y que "demuestra una gran mala fe".
REDUCCIÓN DE LA DEUDA
En el resto de puntos del orden del día se aprobaron las cuentas correspondientes a la pasada temporada, que tal y como adelantó PontevedraViva reflejaron un superávit de 61.759 euros y una reducción de la deuda del club en 127.567 euros, para dejarla a día 30 de junio de 2018 en 1.102.184 euros.
En cuanto al presupuesto de la campaña ahora en curso, la 2018/2019, se aceptó una previsión de 1.284.106 euros de ingresos y un superávit previsto de 6.506 euros.
En la Junta General se acreditaron un total de 97 accionistas representando al 90,61% del total accionariado del Pontevedra Club de Fútbol.