La junta de personal del Concello de Pontevedra convoca a los trabajadores municipales a concentrarse este viernes 17 a las puertas del Recinto Feiral donde está previsto que el BNG organice una cena de precampaña electoral con la presencia de Ana Pontón y de Miguel Anxo Fernández Lores en un acto al que acudirán alrededor de 2.000 personas.
Con esta acción, los representantes sindicales quieren mostrar su malestar con el gobierno local al entender que están sufriendo uno de los conflictos laborales más largos en la historia de Galicia. Este jueves acusaron al equipo de Fernández Lores de adeudar más de 200.000 euros a policías municipales y jefes de servicio, dinero reconocido a través de sentencias judiciales en concepto de "retribución fija y periódica a este personal, independientemente de ausencias retribuidas", según manifestaron.
Alertan, además, de que el personal se ve obligado a acudir a los tribunales para reclamar estas retribuciones con lo que la cantidad irá aumentando, según los cálculos realizados por la junta de personal, a más de 400.000 euros.
Señalan que el conflicto se inició en 2007 con un sistema "irregular" de retribuciones establecido por el Concello que en 2018 fue rechazada por los órganos judiciales que dictaminaron la obligación de aplicar un sistema retributivo ordinario en relación con los puestos de trabajo, decisión ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Las organizaciones sindicales pidieron al gobierno local en ese año que se aplicase, pero no fue así. A partir de ese momento comenzó una continua demanda judicial por parte de los trabajadores de la Policía Local, tras una nueva sentencia del Tribunal Supremo para que se aplicara esta doctrina en relación con estas retribuciones.
Desde ese momento, según manifestó Héctor Santaló, portavoz de la junta de personal, las sentencias han sido siempre favorables a los trabajadores. Indican que el personal de cementerios, servicios de deportes y el de brigadas se encuentran en la misma situación. Hasta el momento las demandas judiciales han sido presentadas por los servicios de bomberos, policía y cementerios.
Acusan al gobierno local de mantener un "modus operandi" consistente en cometer algún tipo de abuso salarial o de conciliación para obligar al trabajador a acudir a los tribunales provocando saturación en los servicios jurídicos municipales y en los tribunales para que se reconozcan sus derechos que "non se están a cumprir nin a respectarse". A esto suman que se produce una "demora inxustificada" en el cumplimiento de las sentencias indenmizatorias, según explicó Santaló, que advierte del gasto que esta actitud se produce en las arcas públicas.
Antonio Millares, representante de CCOO en la junta de personal, calcula que alrededor de 30 sentencias están por ejecutar por una cantidad superior a los 200.000 euros y más de cincuenta policías municipales permanecen a la espera de que se les aplique esta retribución y, de lo contrario, acudirán al juzgado.
Piden que el Concello asuma de inmediato las sentencias; que pague a todo el personal con cuatro años de atrasos, como recogen las resoluciones, y eviten que el personal se vea obligado a acudir a los tribunales para reclamar ese dinero. Afirman que los juzgados está dando la razón siempre al personal y "aquí no pasa absolutamente nada. Es la única administración en la que los conflictos laborales son inexistentes. Parece que los culpables somos los trabajadores y trabajadoras de este Concello. Parece que el Concello del puente de A Barca hacia delante dice una cosa, pero con sus trabajadores y los sindicatos del Concello parece que no existen. Y ya está bien", afirmó Millares amparándose en los seis sindicatos que reclaman la ejecución de las sentencias. De lo contrario, advierten, estudiarán la posibilidad de acudir a la vía penal.