Los sindicatos AFUMPO, CCOO, CIG, CSIF, SPPME y UGT han emitido un comunicado en el que exigen una solución definitiva y urgente al gobierno local de Pontevedra para resolver el conflicto laboral abierto en la Policía Local y en los Bomberos.
Consideran que es "imprescindible" para garantizar la seguridad de la ciudadanía que el gobierno que lidera Miguel Anxo Fernández Lores se siente "el tiempo que haga falta" para establecer acuerdos con estos dos colectivos. Manifiestan sus quejas por el "abandono" que padece la Policía Local debido a la falta de personal y a la inexistente organización interna. Alegan que se está detectando en las calles y, sobre todo, en las zonas rurales donde, afirman, ver a una patrulla policial es un "espejismo".
Ponen como ejemplo que en el mes de marzo se cedieron las competencias de vigilancia, disciplina, regulación, gestión y control del tráfico e investigación de accidentes de circulación en Ponte Sampaio a la Guardia Civil de Tráfico, cuando antes estas labores eran asumidas por la Policía Local de Pontevedra.
BOMBEROS
También en relación con el cuerpo de Bomberos insisten en la demanda de hace años de más efectivos para atender a la ciudadanía de manera eficaz y eficiente, sin renunciar a la seguridad y protección del personal del parque.
Aluden a que el estudio de prevención de riesgos psicosociales que se elaboró por la Inspección de Trabajo por requerimiento ya indicaba que, como medida correctora, era necesario aumentar el número de efectivos y la participación del personal en la toma de decisiones sobre sus condiciones de trabajo, indican los sindicatos en el comunicado emitido. Añaden que, por el contrario, el gobierno bipartito local decidió bajar el número de dotación mínima de seis bomberos a cinco para "intentar cuadrar los números".
Exponen que en los dos cuerpos es insuficiente el cuadro de mandos y recuerdan que las dos jefaturas se encuentran cubiertas de forma provisional por puestos de inferior categoría. Un sargento del grupo C1 realiza las funciones de Jefe, y la normativa recoge que el Jefe titular debe ser un funcionario del grupo A1, arquitecto o ingeniero.
Los jefes de turno son cabos, seis en total con una vacante, número que consideran insuficiente ya que, en numerosas ocasiones, los bomberos tienen que realizar labores de jefes de turno, asumiendo una responsabilidad no retribuida sin que hayan recibido la correspondiente formación para ejercer ese trabajo.
La Xunta de Persoal acusa a Lores de aplicar fórmulas de "precariedad y abusos laborales, interinidad y clientelismo"
Actualmente, la dotación de bomberos activos es de alrededor de 30 efectivos, según los propios sindicatos, cifra insuficiente si se tiene en cuenta el número de horas extraordinarias que realizan en los últimos años. Señalan que la solución adoptada es la de contratar personal interino sin pasar procesos de selección y sin preparación ni material mínimo necesario.
POLICÍA LOCAL
La Policía Local, por su parte, sufre una situación todavía más grave, según estos sindicatos. Se dejaron vacantes dos puestos de mayor categoría profesional en la policía grupo A1, que deben ser licenciados, al nombrar a sus titulares directores generales, en referencia a Daniel Macenlle, responsable de seguridad ciudadana, y a González Abal, director general de recursos humanos. La jefatura se encuentra, según denuncian, provisionalmente cubierta por un inspector principal del grupo A2.
Indican que el resto del cuadro de mandos es de "una precariedad alarmante" ya que los agentes se ven obligados a ejercer de oficiales de forma provisional porque los oficiales, a su vez, asumen las compentencias de inspectores.
El cuadro de personal es de 99 agentes, pero entre vacantes y "otros destinos" prestan servicio de uniforme en la ciudad una cifra que no supera a los 80 agentes, dos de ellos destinados de manera fija, de lunes a viernes, a gestionar el multamóvil.
Ante esta situación, en el comunicado que firma Yolanda González Cons, presidenta de la Xunta de Persoal, se indica que estos dos cuerpos muestran el "modelo de seguridad pública que viene proponiendo el alcalde Lores desde hace años" y le acusan de utilizar fórmulas de "precariedad y abusos laborales, interinidad y clientelismo para que los servicios de seguridad sean una extensión de las políticas marcadas desde Michelena 30".
Recuerdan que desde hace más de un año las relaciones entre los representantes sindicales y la concejal de Persoal, Carme Fouces, se encuentran rotas. Añaden también que las malas condiciones y la "esclavitud laboral" se han visto ratificadas por varias sentencias judiciales, actas de la Inspección de Trabajo e informes de los servicios de Prevención.
Alertan de que sigue sin aplicarse la valoración de puestos de trabajo y la actualización de retribuciones acordada en mayo de 2019 con el concejal Vicente Legísima. Ante esta situación, piden diálogo y negociación, a falta de menos de un año para las elecciones municipales, para lograr la paz social en el Concello e Pontevedra.