Debido al cese masivo de actividad a causa del coronavirus, el Consejo de Ministros se reunió el día 24 de marzo para adoptar una serie de medidas que reducirán el impacto negativo que sufrirá la economía del país.
Desde la Cámara de Comercio ven "insuficientes" las medidas adoptadas, y señalan que la estimación del impacto del 10% sobre el PIB provocará "efectos ineludibles en todos los sectores". Por este motivo, el organismo anima al gobierno a "actuar con valentía" para prevenir al máximo los posibles estos efectos secundarios de la paralización.
La Cámara ha propuesto una serie de medidas que consideran "indispensables" orientadas a la flexibilidad económica y al adelnato de ayudas y subvenciones por parte del gobierno que permitirían a empresas y autómos a superar esta crisis más facilmente y acelerarían la posterior recuperación de la economía.
Por último, también señalan la necesidad de que en estos tiempos difíciles las administraciones trabajen de modo coordinado en todos los niveles, desde el ámbito local al europeo. La buena comunicación entre gobiernos facilitará la implatación rápida y eficaz de las decisiones que se tomen para solucionar esta situación.
MEDIDAS PROPUESTAS
Son medidas como la habilitación de ayudas de la Unión Europea, la anulación temporal de las reglas de estabilidad, la emisión de eurobonos que puedan respaldar económicamente las medidas nacionales, la habilitación de un crédito extraordinario por parte del Gobierno central o la anulación de oficio de tasas, impuestos y cuotas vinculadas al funcionamiento, para los autónomos y empresas afectadas por la obligación de cese de actividad, en tanto que ésta siga vigente.
Además proponen la creación de procedimientos administrativos extraordinarios, que posibiliten la mayor urgencia para la tramitación de ayudas y que contemplen incluso el anticipo de subvenciones y ayudas a fondo perdido.
Finalmente, reclaman créditos a interés cero, avales extraordinarios y agilizar al máximo los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo, de modo que las empresas puedan reajustar sus gastos de acuerdo con la disminución de la actividad y los ingresos.