La Deputación de Pontevedra pondrá en marcha un nuevo plan de actuación dotado con 18 millones de euros a invertir en lo que resta de mandato para que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan realizar obras de envergadura que, en caso contrario, exceden a sus posibilidades económicas o comprometerían todo su presupuesto anual en una sola intervención.
La presidenta y el vicepresidente de la Deputación, Carmela Silva y César Mosquera, presentaron este lunes este nuevo plan, que se aprobó en la Xunta de Goberno del pasado viernes y se pondrá en marcha ya de forma inmediata, en cuanto salga publicado en el Boletín Oficial de la Provincial (BOP). Los ayuntamientos tendrán un mes para presentar sus proyectos y la idea es que las obras estén licitadas antes de junio de 2018 y ejecutadas antes de junio de 2019.
El plan está dividido en tres años, con seis millóns de inversión cada año, 2017, 2018 y 2019. Cada ayuntamiento podrá recibir un máximo de 1,5 millones de euros en los tres años y la Deputación financiará un máximo del 80% del total del presupuesto del proyecto, siendo necesario que cada municipio soporte el 20% restante.
Está pensado para dar a los concellos la posibilidad de poner en macha proyectos que ya tienen muy madurados. Así, será requisito fundamental que los proyectos ya estén elaborados y que cuenten con todos los permisos necesarios para ejecutar la obra. Otro requisito será que el concello no haya recibido más de 600.000 euros en proyectos de urbanización o reurbanización en este mandato.
Este plan está pensado para proyectos como, por ejemplo, la construcción de auditorios, pabellones, obras de reurbanización de plazas u otros similares. Los concellos pueden presentaron los que ellos consideren y una comisión evaluadora compuesta por funcionarios de la Deputación determinará cuáles encajan y son subvencionables.
Mosquera y Silva señalaron que tiene constancia de que hay ayuntamientos que se encuentran en esta situación de contar con proyectos muy avanzados que responden a necesidades sociales, pero que no pueden asumirlos sin comprometer todo su presupuesto anual y no han conseguido ayudas de otras administraciones. No especificaron ninguno en concreto, pues desconocen cuáles se presentarán y si cumplirán los requisitos.